La condena al propietario de los perros que atacaron a dos personas en el barrio de Vallvidrera de Barcelona se fundamenta en un delito de lesiones por imprudencia grave, ya que el acusado no contaba ni con la licencia ni con las medidas de seguridad adecuadas para la tenencia de los animales.
Intereses abusivos pero, sobre todo, falta de transparencia. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave sobre la abusividad de las tarjetas de crédito revolving, estableciendo cuál es la información que debe proporcionarse obligatoriamente a los clientes de forma previa a la contratación.
La Audiencia Provincial de Madrid ha establecido la nulidad de los contratos de tres seguros de la modalidad Unit Linked comercializados por la empresa OVB Allfinanz España como consecuencia de la falta de información sobre los riesgos y la complejidad de los productos facilitada a la clienta afectada.
El Tribunal Supremo (TS) ha establecido un precedente histórico al invocar, por primera vez, la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para ampliar los límites de la denominada Garantía de Indemnidad, que protege a los trabajadores y trabajadoras frente a posibles represalias empresariales por haber ejercido o reclamado sus derechos laborales.
¿Es cierto que si existe custodia compartida no se establece una pensión de alimentos? No, esa afirmación no es cierta. La guarda compartida es compatible con una pensión de alimentos si es lo que resulta más beneficioso para el menor
La creación del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto acumula ya dos años de retraso, una situación de indefensión insoportable para las víctimas, especialmente las vinculadas a Uralita, en concurso de acreedores.
La Agencia Tributaria ha paralizado temporalmente las devoluciones del IRPF a los mutualistas tras un cambio normativo que modifica el proceso para reclamarlas y deja sin efecto las solicitudes de devolución del IRPF presentadas en relación con los ejercicios 2022 y anteriores no prescritos.
El Juzgado Social 2 de Tarragona considera probada la existencia de graves «incumplimientos materiales en materia preventiva» y «deficiencias significativas en sus obligaciones» de proteger la salud e integridad de su trabajador, a pesar de que la situación de estrés, angustia y malestar psíquico de la persona «era conocida por todo el personal de la fábrica».
La Ley Orgánica 1/2025 introduce cambios en el Estatuto de los Trabajadores para clarificar los requisitos que permiten a un trabajador resolver su contrato en caso de impagos salariales, estableciendo criterios más precisos y flexibles.
Un juzgado de Barcelona obliga al Ayuntamiento a pagar a una trabajador el salario correspondiente al periodo el permiso parental de ocho semanas, estableciendo un precedente que podría impulsar cambios legislativos y garantizar una conciliación laboral y familiar más equitativa.