El Tribunal Supremo abre la puerta a indemnizaciones más justas por daños personales en casos ajenos a los accidentes de tráfico, permitiendo aplicar el baremo de la Ley 35/2015 como criterio orientador. Esta doctrina, surgida de un caso de víctimas del amianto, reconoce también la compatibilidad de diversas vías de indemnización y consolida el derecho a una reparación íntegra del daño sufrido.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo reiteró que el abuso de temporalidad por parte de la Administración no otorga derecho a ocupar con carácter fijo la plaza y solo genera un derecho indemnizatorio si existe un perjuicio económicamente cuantificable. Esto implica que muchas funcionarias interinas con nombramientos anteriores a julio de 2021, cuyas plazas no han sido incorporadas al proceso de estabilización, no han obtenido ningún tipo de compensación vinculada al cese.

Finalmente, con más de tres años de retraso, se publica el Reglamento necesario para desarrollar la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Os explicamos cuáles son los requisitos para acceder y a quién puede beneficiar

La sentencia que condena la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia vincula el despido con la reciente maternidad de la trabjadora y constata que se eludió la obligació de realizar un despido colectivo

La empresa deberá ampliar las medidas de protección, seguridad e higiene personal para minimizar los riesgos derivados de la exposición del personal de las estaciones de ITV a las emisiones de los motores diésel.

La sentencia del TSJC reconoce que el origen de la asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar que afecta a un exempleado del Metro de Barcelona actualmente jubilado es consecuencia de la «exposición crónica al amianto» en su puesto de trabajo en los talleres de Vilapicina como mecánico del suburbano.

Una reforma del Estatuto de los Trabajadores impide el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato, la empresa deberá ofrecer ajustes o reubicación, reforzando los derechos laborales de las personas con discapacidad.

Cuando una pareja con hijos decide separarse o divorciarse, una de las cuestiones esenciales que debe ser abordada es la pensión de alimentos. Esta contribución económica de los progenitores es clave para garantizar el bienestar de los hijos y cubrir tanto sus necesidades básicas como su educación y desarrollo. Pero, ¿cómo se calcula el importe a pagar? ¿Qué ocurre si cambian las circunstancias económicas de uno de los progenitores o las necesidades de los hijos? ¿Y cuándo se extingue la obligación de abonarla?

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo reafirma que las empresas deben respetar el derecho preferente de reingreso de los trabajadores en excedencia voluntaria por delante de la transformación de contratos temporales en indefinidos, aunque esta se lleve a cabo mediante acuerdo colectivo.

Las recientes huelgas en empresas como Holaluz y Ubisfot han reavivado el debate sobre el teletrabajo. Este artículo analiza en qué condiciones las compañías pueden modificarlo y detalla los derechos de los trabajadores frente a cambios unilaterales.