The public powers have an obligation, set out in the Constitution, to ensure the right to health by adopting any necessary preventive measures and preserving the proper running of the health provisions and services, as well as maintaining a public social security system that guarantees care and protection when needed.
That is what the Law says. Unfortunately, those strict obligations that affect a sphere as essential as health and physical well-being are not always met.
Poor diagnosis of professional diseases, unacknowledged work accidents, conflicts with private medical providers, people sent back to work without justification, actions by public organisms that infringe rights, deficient health care, provisions not granted, breaches of the rules for accident prevention and workers’ health protection, abusive presence of pollutants in our environment...there are many possibilities for conflict and we need expert professionals to defend the inalienable right to life and health.
Una sentencia reconoce por primera vez a un trabajador del Metro de Barcelona la situación de incapacidad permanente por los daños derivados de la exposición al amianto. El afectado ha interpuesto una demanda en la que reclama 180.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios
El Juzgado de lo Social 31 de Barcelona ha dictado a instancias de Col·lectiu Ronda la primera sentencia en Catalunya que declara en situación de incapacidad permanente por contagio de Covid de origen profesional a una trabajadora de limpieza que prestaba servicios en un CAP durante la pandemia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que la legislación española es incompatible con el contenido de la normativa comunitaria en materia de prevención de la discriminación en el ámbito laboral cuando permite la extinción automática del contrato de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente total.
Una sentencia reconoce por primera vez a un trabajador del Metro de Barcelona la situación de incapacidad permanente por los daños derivados de la exposición al amianto. El afectado ha interpuesto una demanda en la que reclama 180.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios
El Juzgado de lo Social 31 de Barcelona ha dictado a instancias de Col·lectiu Ronda la primera sentencia en Catalunya que declara en situación de incapacidad permanente por contagio de Covid de origen profesional a una trabajadora de limpieza que prestaba servicios en un CAP durante la pandemia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que la legislación española es incompatible con el contenido de la normativa comunitaria en materia de prevención de la discriminación en el ámbito laboral cuando permite la extinción automática del contrato de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente total.