Pese a admitir que la orfandad de la joven no puede ser considerada como “absoluta” dado que uno de los progenitores sigue con vida, el Tribunal Supremo valora que consta acreditado “que ha estado desatendiendo de forma constante y reiterada las necesidades de la menor” generando un “estado de necesidad análogo” al que pueda causar la ausencia por defunción de ambos progenitores.
A finales de junio, Col·lectiu Ronda consiguió dos sentencias que reconocen la incapacidad permanente en grado de absoluta para dos trabajadoras afectadas por Covid Persistente. Sin embargo, menos del 3% de las afectadas ha obtenido este reconocimiento, a pesar de las graves limitaciones laborales que este síndrome puede comportar.
Una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de L'Hospitalet de Llobregat ha reconocido el derecho a compra de los vecinos de una promoción de 168 viviendas de alquiler asequible que Inmo Criteria construyó en este barrio del municipio del Barcelonès. La sentencia considera que esta inmobiliaria de CaixaBank actuó en contra del principio de buena fe al negar a los vecinos y vecinas de Porta Nord el derecho a adquirir en propiedad sus hogares transcurridos 10 años desde la firma del contrato de arrendamiento haciendo desaparecer la cláusula del contrato que lo permitía.
«El IMET se ha apuntado a este imperio donde ninguna normativa sobre discapacidad se está cumpliendo, y tiene una actitud muy lamentable, sea por mala fe o por ineptitud», explicó en rueda de prensa Antonio Centeno en nombre del colectivo afectado por la falta de taxis adaptados a la ciudad de Barcelona. La rueda de prensa, celebrada en Barcelona el 18 de junio, servía para presentar la interposición por parte de Colectivo Ronda de la demanda de ejecución por incumplimiento de sentencia por parte del Instituto Metropolitano del Taxi del Área Metropolitana de Barcelona (IMET) de aumentar la flota de taxis adaptados a la ciudad.
El Juzgado de lo Social 28 de Barcelona ha impuesto a CAPRABO la obligación de indemnizar a uno de sus trabajadores con 6.251 € y destinarlo a un puesto de trabajo adecuado a sus condiciones físicas tras valorar que la empresa vulneraba el derecho fundamental a no sufrir discriminación.