Todo el mundo ha utilizado, en un momento u otro, la expresión 'daños y perjuicios'. Este concepto nos resulta familiar como expresión sinónima y equivalente de indemnización o reparación. ¿Pero sabemos qué los mecanismos que operan en su determinación y a qué nos referimos exactamente cuando identificamos esos «daños» y «perjuicios» susceptibles de compensación?
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de permitir a los arrendatarios reclamar a través de un juicio verbal la negativa de los arrendadores a devolverles la fianza depositada está contribuyendo a desvelar un cúmulo de prácticas abusivas destinadas a rehuir la obligación de devolución.
El Juzgado Social 3 de Barcelona establece la nulidad del despido de una trabajadora declarada como especialmente sensible a los riesgos laborales al considerar que la empresa no agotó las posibilidades de adaptación de la prestación laboral y que los criterios fijados por la multinacional para justificar la extinción -mayor absentismo y menor productividad y polivalencia- encubren una práctica discriminatoria
La Constitución nos reconoce el derecho a conservar nuestra reputación y buen nombre así como a no ver violentadas nuestras comunicaciones y correspondencia. pero a menudo, los límites del derecho al Honor resultan difusos, especialmente en lo que refiere a personalidades públicas y representantes políticos
La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a la empresa URALITA S.A la obligación de indemnizar con el pago de 3,5 millones de euros las patologías y defunciones de un grupo de 14 vecinos de las localidades colindantes de Cerdanyola y Ripollet. Se trata de la mayor indemnización impuesta hasta la fecha por los tribunales españoles contra URALITA S.A,
La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a la empresa URALITA S.A la obligación de indemnizar con el pago de 3,5 millones de euros las patologías y defunciones de un grupo de 14 vecinos de las localidades colindantes de Cerdanyola y Ripollet. Se trata de la mayor indemnización impuesta hasta la fecha por los tribunales españoles contra URALITA S.A,
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gavà (Barcelona) ha dictado una sentencia que obliga a Banco Santander, en calidad de sucesor de Banco Popular, a devolver los cerca de 9000 euros invertidos por un cliente en acciones de la entidad adquiridas durante la polémica ampliación de capital que el Popular desarrolló a partir de mayo de 2016.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un trabajador accidentado que padeció la amputación de una mano a que se le implante una prótesis de última generación en lugar de la convencionalmente prevista en el ámbito de la asistencia sanitaria ordinaria.
La Audiencia Provincial de Barcelona anula una cláusula suelo incorporada en un préstamo hipotecario suscrito por una empresa al considerar que la inclusión se hizo «vulnerando las reglas de la buena fe»
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha modificado el criterio que exhibió el propio TEDH en la primera resolución del caso López Ribalda, en enero de 2018, y limita la utilización de sistemas ocultos de videovigilancia en centros de trabajo a algunos supuestos excepcionales.