Infradiagnóstico, falta de reconocimiento e indignación por un fondo de compensación que no llega
Cada 30 de abril, en todo el mundo se recuerda a las víctimas del amianto, una fibra mortal que, aunque prohibida en España desde hace más de dos décadas, sigue causando estragos entre las personas que han estado expuestas.
Este día de memoria no es solo un acto de recuerdo; es un llamamiento urgente ante una realidad alarmante: la infradeclaración sistemática de enfermedades profesionales y la vergonzosa desidia a la hora de activar políticas efectivas de reparación.
En España, se calcula que la exposición al amianto ha causado ya cerca de 40.000 muertes y que puede provocar 20.000 más en los próximos años. Según la UE, el amianto será responsable de más de medio millón de muertes en territorio europeo hasta el año 2040.
La realidad estadística es escalofriante: menos del 0,1% de los cánceres de origen laboral son reconocidos oficialmente como enfermedades profesionales, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 4% y el 10% de todos los casos de cáncer tienen origen en la actividad laboral, especialmente la exposición a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo. En España, cada año se diagnostican alrededor de 700 casos de mesotelioma pleural —el cáncer más directamente asociado al amianto—, pero solo una mínima parte son reconocidos como derivados del trabajo, a pesar de que la exposición a las fibras de asbesto es prácticamente la única etiología reconocida para esta patología.
En Cataluña, la situación no es mejor. En el primer semestre de 2023, se declararon 28 casos de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto. Una cifra ridícula si tenemos en cuenta el extenso uso de este material en sectores como la construcción, la industria naval o la automoción durante décadas. En 2022, solo tres casos de cáncer laboral fueron registrados oficialmente en Cataluña, lo que representa un escaso 0,15% del total de enfermedades profesionales declaradas.
Esperando el Fondo de Compensación
Este contexto de injusticia se ve agravado por la situación de parálisis que afecta la creación y puesta en marcha de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una promesa legislativa que, a día de hoy, transcurridos más de dos años, sigue sin cumplirse. El 20 de octubre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 21/2022, que debía crear un mecanismo para compensar a las víctimas, especialmente a aquellas afectadas por el cierre de empresas responsables, como Uralita. La ley establecía que, en un plazo máximo de tres meses, el reglamento que activaría el fondo debía estar aprobado. Pero han pasado más de dos años, y el reglamento sigue pendiente de aprobación. Lo que fue anunciado como un hito «histórico» por el Gobierno hoy representa una grave falta de responsabilidad institucional: ni una sola víctima ha sido compensada a través de este fondo mientras muchos extrabajadores de empresas como Uralita y sus familias siguen obteniendo sentencias que reconocen la responsabilidad de la empresa sobre sus enfermedades y defunciones que no pueden ser ejecutadas debido a la situación de concurso de acreedores que afecta a la que fue la principal importadora de amianto y fabricante de productos realizados con este material.
La falta de este instrumento de reparación, que existe desde hace años en otros países de la UE como Francia, supone una vulneración flagrante de derechos y genera una indefensión insoportable para las personas afectadas y sus familias, especialmente las más vulnerables. No solo han sufrido las consecuencias de una exposición involuntaria y de la falta de previsión y prevención de su empresa, sino que también sufren el abandono por parte de las instituciones, viéndose obligadas a acudir a los juzgados y emprender duras luchas judiciales para conseguir el reconocimiento que les corresponde.
Por todo ello, en este Día Mundial de las Víctimas del Amianto, alzamos la voz para exigir:
• La aprobación inmediata del reglamento y la puesta en marcha efectiva del fondo de compensación.
• Una detección y declaración rigurosa de las enfermedades profesionales relacionadas con el amianto.
• El reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas.
• La retirada urgente del amianto aún presente en muchos edificios públicos y privados.
La memoria de las víctimas nos interpela. La justicia no puede esperar más.
