A través de la negociación, los representantes de la plantilla han logrado que la empresa redujera la afectación inicialmente prevista, pasando de una propuesta de 145 extinciones a los 92 despidos finalmente acordados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha convertido en el primero del Estado en dictar una sentencia en la que impone una indemnización adicional a la correspondiente por despido improcedente tras valorar que el importe de ésta era «insignificante» y no tenía «efecto disuasorio».
Las entidades financieras están intensificando la comercialización de las denominadas Rentas Vitalicias, especialmente entre sus clientes de edad más avanzada. ¿Pero es un realmente un producto adecuado para las personas pensionistas? Un artículo de Oscar Serrano, experto en Derecho Bancario
Los intereses que la propia administración de Hacienda está obligada a abonar cuando devuelve los importes de liquidaciones que no se hicieron conforme a derecho no están exentos de tributación. Nuestra compañera Laia Manté, abogada experta en fiscalidad, comenta una polémica e incomprensible decisión judicial.
El próximo lunes, 6 de febrero, se celebrará en la Ciudad de la Justicia de BCN el juicio por la demanda interpuesta por C., de 60 años, contra la decisión del INSS de retirarle la prestación por incapacidad permanente que tenía reconocida desde 1996
El TSJC impone a una empresa la obligación de indemnizar con 10.000 euros a un empleado a quien sancionó por criticar a través de TikTok las condiciones laborales del personal de ambulancias durante la pandemia
Tal y como preveíamos al aprobarse la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, la norma facilita reclamar la nulidad de los despidos de las personas en situación de baja médica. Dos juzgados españoles han dictado ya las primeras sentencias en este sentido.
Los afectados y afectadas por la comercialización por parte de Bankpyme de bonos de la extinta constructora Fergo Aisa, todavía están a tiempo de reclamar. Así lo admiten los juzgados, que fijan la fecha a contar para su prescripción en noviembre de 2017.
La sentencia, dictada a raíz de la demanda interpuesta por Silvia Torres, una vecina de Granollers asesorada por el Sindicato de Inquilinas en colaboración con Col·lectiu Ronda, considera abusivas y fraudulentas 9 de las 10 cláusulas denunciadas como vulneradoras de derechos.
Tras negar durante meses su responsabilidad por el episodio de robo masivo de datos personales y suplantación de identidad que afecta a miles de clientes de las entidades fusionadas, finalmente ha trascendido que Unicaja está ofreciendo acuerdos económicos a los afectados a cambio de renunciar a emprender acciones judiciales .