El Gobierno ha publicado un RDL, el 26/2021, que modifica la Ley de Haciendas Locales para adaptar la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal, a las exigencias del TC, que consideró inconstitucional el método de cálculo de la base imponible del impuesto.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el método de cálculo de este impuesto municipal sigue generando numerosas dudas sobre el alcance de la resolución y su verdadera afectación. En este artículo intentamos resolver algunas de las dudas más recurrentes.
La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) en coordinación con otras entidades y organizaciones de todo el Estado han convocado concentraciones de protesta en los centros de trabajo y ante la sede del Congreso de los Diputados para exigir la definitiva creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto siguiendo el ejemplo de otros países comunitarios como Bélgica, Holanda o, en especial, Francia.
En una reciente sentencia que todavía no se ha hecho pública, el TC declara inconstitucional el método de cálculo de la base impositiva de este tributo gestionado por los ayuntamientos que se aplica en los casos de venta, donación o herencia de una vivienda.
El Parlamento Europeo ha publicado una ambiciosa resolución en la que insta a la Comisión Europea a implantar en el menor plazo posible una amplia estrategia para proteger al conjunto de la población europea frente a los efectos del amianto, material que señala como “principal causa de cáncer profesional en la UE”.
La demanda fue presentada por la empresa el pasado 5 de julio, a pesar de que los trabajadores mantenían desconvocada la huelga desde el 23 de junio ante la imposibilidad de sostener el paro por la decisión empresarial de trasladar y cambiar de centro de trabajo a 9 de los 25 huelguistas
La empresa accedió a negociar las extinciones con posterioridad a que la plantilla convocara una huelga e iniciara una campaña de denuncia de la situación de falta de ingresos reclamando que Mopavid cumpliera con el obligación de abonar la totalidad de los salarios adeudados
El Juzgado Social 16 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la multinacional Roca contra la resolución del INSS que determinaba la situación de gran invalidez derivada de una silicosis de origen profesional de un ex-trabajador de la fábrica de Gavà (Barcelona) de 95 años
El Juzgado Social 3 de Barcelona ha dictado a instancias de Colectivo Ronda y el sindicato Co.Bas la primera sentencia que reconoce como enfermedad profesional el contagio por el SARS CoV-2 de una auxiliar de geriatría.
El Juzgado de lo Social número 3 de Sabadell ha condenado a la empresa Cotronica indemnizar con 10.000€ y 6.251€ respectivamente a dos de sus instaladores a quienes impuso una sanción de 15 días de empleo y sueldo por falta muy grave tras requerir a la empresa medidas de prevención adecuadas