Salud

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Los poderes públicos tienen la obligación, recogida en la Constitución, de velar por el derecho a la propia salud adoptando las medidas preventivas que sean necesarias y preservando el correcto funcionamiento de prestaciones y servicios sanitarios, así como el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que nos asegure asistencia y protección frente a situaciones de necesidad.

Así lo dice la Ley. Desgraciadamente, no siempre se cumplen estas estrictas obligaciones que afectan a un ámbito tan esencial como es el de la salud y el bienestar físico.

Infradiagnosis de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo no reconocidos, conflictos con las mutuas, altas médicas injustificadas, actuaciones lesivas de derechos por parte de organismos públicos, atención sanitaria insuficiente, prestaciones no concedidas, incumplimiento de la normativa en materia de prevención y protección de la salud de trabajadores y trabajadoras, presencia abusiva de contaminantes en nuestro entorno... Las posibilidades de conflicto son muchas, y es necesario contar con profesionales expertos para defender el derecho inalienable a la vida y a la salud.

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