En el escrito de alegaciones, redactado con el asesoramiento de Col·lectiu Ronda, se considera que la propuesta de incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre en los términos en que han sido planteados se convierte en una verdadera « incautación» que pretende esconder la inacción durante décadas de la administración a la hora de cumplir con el deber de proteger el Delta del Ebro
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La propiedad de la finca «Los Vascos», que incluye el icónico restaurante del mismo nombre, junto con diferentes parcelas agrícolas destinadas a la producción de arroz, así como las empresas AGROGER y NICOVAN, han sido los primeros en presentar alegaciones contra el proyecto de nuevo deslinde de terrenos colindantes al mar que pretende imponer el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el término municipal de Deltebre. Asimismo, el Ayuntamiento de Deltebre y la Comunidad de Regantes del margen izquierdo han anunciado que también presentarían alegaciones. En su escrito, la propiedad argumenta la ilegalidad del proyecto por no realizar una aplicación ponderada y suficientemente justificada de las disposiciones contenidas en la normativa de costas, ampliando excesivamente y sin el debido fundamento la superficie de territorio interior que se quiere incorporar al dominio público marítimo-terrestre ignorando los usos agrícolas que se desarrollan en las parcelas afectadas. Además, las alegaciones denuncian la incoherencia flagrante de pretender justificar el deslinde sobre la necesidad de combatir la degradación de un territorio tan frágil como valioso mientras queda acreditado el incumplimiento reiterado y sostenido del deber de protección y regeneración que ostenta Administración pública respecto a la zona del Delta. Un incumplimiento que el pasado mes de junio fue denunciado por primera vez ante los tribunales por un grupo de demandantes que incluía personas físicas y sociedades mercantiles asesoradas por Col·lectiu Ronda. En aquella ocasión, los demandantes denunciaron al Estado por su inacción en el cumplimiento del deber legal de preservar la integridad del territorio e impulsar las acciones necesarias para evitar la pauperización ambiental de este espacio de gran valor ecológico, medioambiental y económico frente a los peligros de la salinización y erosión del terreno.
Un territorio secuestrado
Mariona Torra, abogada del Col·lectiu Ronda que encabeza el equipo legal responsable de dicha demanda y de las presentes alegaciones, considera que el nuevo proyecto de deslinde se convierte en «una verdadera huida hacia ningún lado por parte de la Administración y la renuncia tácita a impulsar no sólo las medidas técnicamente señaladas como necesarias para detener la pérdida de terrenos y la salinización sino, más grave aún, también las medidas para proceder a la restitución y rehabilitación integral del territorio que permita corregir los daños sufridos por el Delta como consecuencia de la inacción de la Administración desde la construcción y puesta en funcionamiento de las presas de Mequinenza, Ribarroja y Flix entre los años 1964 y 1969».
En este sentido, la abogada lamenta que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretenda impulsar «un proyecto que se configura en términos de auténtica incautación» mientras todavía tiene pendientes de aprobación y aplicación «la larga serie de medidas, planes y proyectos de intervención ambiental abandonados desde almenos 1972 que habrían podido evitar una situación que ahora se quiere resolver a expensas de las propiedades de las personas que durante décadas han sufrido un evidente agravio ambiental, moral y económico a pesar de haber sido los únicos dedicando esfuerzos a preservar el paisaje humano y ecológico de un territorio singular y de enorme valía».
A la espera de la Estrategia Delta
Mariona Torra también aprecia incoherencia en la forma de proceder de la Administración cuando hace tan sólo unos días se daba a conocer el futuro trazado de la guarda de protección del Fangar, integrado en la llamada Estrategia Delta, todavía pendiente de aprobación definitiva . «Las medidas previstas, incluyendo la movilización de sedimentos retenidos en los embalses, pueden tener, si se aplican debidamente y con los recursos necesarios, la capacidad de fortalecer el frente litoral del Delta y combatir muchos de los perjuicios que le amenazan. Un efecto protector que también se extendería a las fincas afectadas por el proyecto de deslinde como, de hecho, es obligación de la Administración hacer dado que no estamos hablando de fincas ilegitimamente ocupadas ni constituidas en vulneración de la Ley de Costas o de cualquier otra normativa. Sin embargo, se procede primero al deslinde en lugar de, como sería lógico, comprobar primero si esta medida que implica acabar con los usos tradicionales de grandes extensiones de terreno es necesaria una vez aplicado el plan de protección e intervención del Delta».
El agravio con la Albufera
El escrito de alegaciones señala la situación de agravio que se impone a los propietarios afectados del Delta respecto a las medidas implantadas para proteger otro espacio de gran valor ecológico y económico como es la Laguna de la Albufera de Valencia. "El abordaje de la situación es diametralmente diferente, pese a que las similitudes entre los problemas a resolver son evidentes", afirma la abogada. En el caso de la Albufera, el deslinde se ha hecho siguiendo claramente la línea costera y es en este espacio donde se desarrollan las actuaciones para implementar lo que les expertos denominan una «estrategia holandesa» de protección del litoral para evitar el avance del mar. «En cambio -continúa Mariona Torra- el deslinde en el Delta se adentra mucho tierra adentro, tal y como sucede en la zona de La Laguna del Canal Vell, atentando de forma irreversible contra los intereses de un sector agrícola vital para el mantenimiento económico, social y medioambiental de un territorio que ya ha sido suficientemente maltratado. En Valencia se pretende proteger al sector con las medidas medioambientales impulsadas mientras que en el Delta se imponen las medidas por encima de la actividad agrícola. Y eso a pesar de que son muchos los informes que indican que en las Terres de l'Ebre se podría adoptar con resultados óptimos una estrategia similar a la que se aplica en la zona de la Albufera para preservar la integridad del espacio».
El Delta son las personas
«Nuestro temor es que se quiera entregar el frente litoral del Delta al avance sin remedio del mar en vez de destinar los recursos técnicos y económicos necesarios para detener este avance lo antes posible y evitar que se siga perdiendo un terreno de valor incalculable en términos paisajísticos, medioambientales y económicos. El nuevo deslinde parece una renuncia a ese necesario esfuerzo de protección del espacio. Y el territorio es el paisaje y la biodiversidad que acoge, pero también lo es la actividad humana que, en el caso del Delta, lo ha esculpido y moldeado de forma sostenible de antaño. En el caso de los habitantes del Delta del Ebro, de las personas que a diario pisan su barro y que con mucho esfuerzo le arrancan los frutos, la situación es de una enorme perversidad. Durante décadas ven cómo su tierra va desapareciendo y se ignoran los constantes llamamientos del territorio para poner fin a esta degradación. Después, cuando ya ni hay forma de esconder la catástrofe medioambiental auspiciada por la inacción administrativa, se les dice que deben renunciar a las tierras que trabajan y que les han visto crecer para salvarlas, cuando han sido ellos y ellas, la gente del Delta, los únicos en hacerlo. Es una forma de proceder arbitraria que atenta contra el deber de protección que ostenta la Administración según la Constitución, la legislación española y la comunitaria”, concluye la abogada Mariona Torra del Col·lectiu Ronda.
