Un grupo de 7 personas que hasta el pasado 31 de enero desarrollaban las tareas de rastreadores Covid-19 por el Departamento de Salud contratados por Ferroser, filial del grupo Ferrovial, han interpuesto una demanda judicial ante la negativa de la Generalitat a asumir la subrogación de sus empleos
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Una parte de los 849 rastreadores que hasta el pasado mes de enero venían realizando las tareas de seguimiento telefónico de las personas afectadas por Covid-19 contratados por Ferroser, filial de Ferrovial, han interpuesto una demanda judicial contra la negativa del Departamento de Salud a mantenerlos en sus funciones después de que la Generalitat haya optado por resolver la contrata e internalizar el servicio.
El grupo de demandantes está formado por 7 de las personas que vieron extinguido su contrato de forma prematura el pasado 31 de enero, 4 meses antes de la fecha originalmente prevista para la finalización de la contrata. En la mayoría de casos, se trata de trabajadores y trabajadoras vinculadas a la plataforma «Scouts en lucha» que participaron en la huelga convocada por IAC-CATAC entre los días 26 de enero y 4 de febrero. Los huelguistas reclamaban, precisamente, continuidad laboral para la plantilla que a lo largo de los pasados meses se ha responsabilizado del seguimiento y la identificación de los contratos estrechos de personas contagiadas para prevenir la expansión descontrolada de la enfermedad. Esta petición, sin embargo, ha sido desatendida por la Agencia de Salud Pública que, desde hace unas semanas, se hace cargo de la tarea de control epidemiológico sin contar con la participación de una plantilla experimentada y específicamente formada para realizar estas funciones.
Resolución anticipada e incumplimiento laboral
El grupo de demandantes, que ha contado con el asesoramiento de la IAC-CATAC y Colectivo Ronda, denuncia que la Generalitat ha incurrido en diferentes incumplimientos de orden laboral a la hora de ejecutar la finalización anticipada de la contrata que ha supuesto el punto y final para las tareas ejecutadas por los rastreadores contratados por Ferroser- Ferrovial. Natxo Parra, abogado de Colectivo Ronda responsable de la demanda interpuesta contra los despidos, recuerda que «existe una jurisprudencia sólidamente establecida tanto por parte de los tribunales nacionales como, especialmente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica la obligatoriedad de seguir el procedimiento propio de los despidos colectivos cuando la causa de las extinciones contractuales es, tal y como es el caso, la resolución anticipada de una contrata. Los rastreadores pierden su trabajo porque la Generalitat ha decidido resolver con antelación el contrato suscrito con Ferroser, pero aún así, esta disposición legal tan nítida ha sido completamente ignorada. Sobre este fundamento, pedimos la nulidad de los despidos, tal y como es preceptivo cuando se pretende tramitar de forma individual unos despidos que se deberían haber articulado por la vía mucho más garantista del despido colectivo ».
Aparte de esta obligación, el abogado de Colectivo Ronda remarca que la Generalitat ha incumplido con el principio de sucesión de empresa y, por tanto, con la obligación legal de subrogar la plantilla que realizaba las funciones que ahora desarrolla el Departamento de Salud. «Desgraciadamente, la necesidad que existía de contar con un equipo de rastreadores se mantiene intacta respecto al momento en que se estableció el servicio para frenar el número de contagios y la prevalencia de la enfermedad», recuerda el abogado. En este sentido, Natxo Parra considera evidente que el Departamento de Salud ha incumplido en su condición de empleadora la obligación de subrogar la plantilla, remarcando que «el supuesto de sucesión de empresa se aplica sin distinción en el sector público y por tanto, si se mantiene el servicio ofrecido y la necesidad de la prestación laboral de estas personas, lo que corresponde es la subrogación, sin que resulte un eximente la afirmación que se hace desde la Generalitat que se pretende ampliar las funciones los rastreadores. Esto no supone ningún tipo de impedimento para que se despliegue la circunstancia de la sucesión empresarial y el principio del mantenimiento de los puestos de trabajo mientras subsista la necesidad de que los generó ».
Integrantes del grupo de rastreadores lamentan que, a pesar de las afirmaciones públicas por parte de los responsables del Departamento de Salud en el sentido de favorecer que los «scouts» de Ferroser pudieran ocupar los nuevos puestos creados en la propia administración, el ofrecimiento tan solo ha sido una verdadera cortina de humo. Así, afirman que el pasado 15 de enero se trasladó a la plantilla la posibilidad de apuntarse a una bolsa de empleo del propio Departamento creada para dar acceso a las plazas de rastreador sin especificar cuántas serían y otorgando un plazo máximo de 3 días para completar la inscripción y aportación de la documentación necesaria. Los demandantes, sin embargo, sostienen que la bolsa de empleo en cuestión había sido creada ya el pasado mes de octubre, antes incluso de que la Generalitat anunciara la internalización del servicio, y que los rastreadores provenientes de Ferroser no han tenido ningún tipo de prioridad a la hora de acceder a las plazas ofrecidas. En total, según sus propios cálculos y lo que han podido deducir de las declaraciones públicas se de Marc Ramentol, secretario general del Departamento de Salud, sólo 200 antiguos rastreadores de Ferroser-Ferrovial han accedido a estas plazas.
«La creación de la bolsa de trabajo -retoma Parra- no desactiva en ningún sentido la sucesión empresarial y la obligación de subrogar la plantilla. La Generalitat no puede excusarse en una una supuesta obligación de igualdad en el acceso al trabajo a la administración por incumplir sus deberes en el ámbito laboral. Y muy especialmente cuando esto va en detrimento del interés general y la preservación de la salud pública, pues se está sustituyendo una plantilla formada por una nueva que necesariamente requerirá de un período de aprendizaje en un momento de excepcionalidad sanitaria y cuando aún parece quedar muy lejos el objetivo de vacunar un porcentaje significativo de la población para evitar el contagio ».
Los demandantes quieren recordar que la tarea realizada - en algunos casos denunciando falta de medidas de seguridad y prevención como recogió el diario ABC en su edición del pasado 3 de febrero- ha supuesto un «enorme desgaste emocional por la dureza de los testigos que teníamos al otro lado del teléfono y la situación tan difícil de muchas de las personas con las que teníamos que contactar. Un desgaste que ahora mismo sentimos que no sólo no se ha tenido en cuenta sino que en absoluto ha impedido que la Generalitat nos abandone completamente ».
