Renta Garantizada de Ciudadanía

Carta pública exigiendo el cumplimiento de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía

Nuestra cooperativa se suma a la denuncia de las irregularidades en la aplicación de esta importante norma contra la exclusión y la pobreza y crea un modelo gratuito para reclamar su cobro en caso de que su solicitud no haya obtenido respuesta en el plazo establecido por ley.

Nuestra cooperativa ha decidido unirse a la campaña de denuncia de los graves incumplimientos por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en la aplicación y desarrollo de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía. Un cúmulo de irregularidades que incluyen miles de denegaciones de las solicitudes recibidas deficientemente motivadas por parte de la Administración o incorrectamente gestionadas que impiden a día de hoy que miles de familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de una ley creada para combatir la exclusión.

La Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía se aprobó en el Parlamento de Cataluña el pasado 2013 después de seis años de intensa campaña y movilizaciones de todo tipo que lograron recoger más de 121.000 firmas y obtener el apoyo de numerosas entidades cívicas. Todo ello con el objetivo de dar cumplimiento a la voluntad de garantizar una existencia digna al conjunto de la ciudadanía y dotarse de un instrumento de cohesión social con el que poder paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad de muchas familias.

La norma se empezó a desplegar en el año 2017, con 4 años de retraso desde su aprobación parlamentaria. Inicialmente, en una primera fase de implementación, se beneficiaron las personas y unidades familiares que hasta ese momento eran perceptoras del PIRMI o cobraban pensiones no contributivas con complemento de mínimos. Estos colectivos pasaron a cobrar la nueva RGC que, en el caso de las pensiones con complemento de mínimos, suponían un incremento de los importes percibidos hasta equipararlas al umbral de la propia RGC.

Los problemas, sin embargo, comenzaron de forma casi inmediata en la segunda fase de implementación, cuando las personas al margen de las situaciones anteriormente mencionadas podían presentar sus solicitudes para ser evaluadas y beneficiarse de las medidas contempladas en la Ley . Hasta febrero de 2018, se habían presentado más de 75.000 solicitudes de las que, según los impulsores de la iniciativa, 40.000 permanecen sin respuesta a pesar de haberse superado el plazo legalmente previsto del que dispone la Administración para analizar la petición y dar respuesta.

Aunque mucho más grave que la situación de demora en la tramitación que impide a personas vulnerables acceder a esta ayuda, es la denuncia que plantea la Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía en el sentido de que el Departamento de Trabajo está cometiendo graves irregularidades procedimentales para denegar el acceso a la prestación . Así, por ejemplo, han sido numerosos los casos en los que se han trasladado resoluciones negativas a los afectados una vez superado el plazo máximo de 4 meses que la Ley contempla para ofrecer una respuesta a los solicitantes. La norma aprobada por el Parlamento especifica que en caso de no obtener respuesta, la solicitud se dará por aprobada por silencio positivo de la Administración y corresponderá percibir de forma inmediata la RGC. Desgraciadamente, los solicitantes no sólo no perciben la prestación sino que, incluso, reciben una respuesta denegatoria fuera de plazo.

Además, los incumplimientos abarcan también otros aspectos de la tramitación. Así, entre otras irregularidades, también son numerosos los casos en que se comunican resoluciones denegatorias sin especificar la causa de la negativa, generando manifiesta indefensión.

Por todo lo descrito, la Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía ha hecho pública una carta que Colectivo Ronda ha suscrito junto con otras entidades y que ha dirigido al Presidente del Parlamento de Cataluña y al Síndic de Greuges reclamando medidas contra estos incumplimientos que afectan de forma tan injusta un numeroso colectivo de personas y familias en situación de especial necesidad.

Además, Colectivo Ronda ha creado un modelo de solicitud de pago de la RGC por silencio positivo que puede descargar de forma totalmente gratuita y utilizar en caso de encontrarse en la situación anteriormente descrita:

Esta solicitud puede presentarse mediante correo administrativo , en la sede del Departamento de Trabajo o en cualquier oficina de Bienestar Social. Es importante recordar que siempre debemos presentarla por duplicado, haciendo dos copias.

En este enlace podéis encontrar las direcciones de las diferentes oficinas de Bienestar Social

Carta pública exigiendo el cumplimiento de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía

Nuestra cooperativa ha decidido unirse a la campaña de denuncia de los graves incumplimientos por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en la aplicación y desarrollo de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía. Un cúmulo de irregularidades que incluyen miles de denegaciones de las solicitudes recibidas deficientemente motivadas por parte de la Administración o incorrectamente gestionadas que impiden a día de hoy que miles de familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de una ley creada para combatir la exclusión.

La Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía se aprobó en el Parlamento de Cataluña el pasado 2013 después de seis años de intensa campaña y movilizaciones de todo tipo que lograron recoger más de 121.000 firmas y obtener el apoyo de numerosas entidades cívicas. Todo ello con el objetivo de dar cumplimiento a la voluntad de garantizar una existencia digna al conjunto de la ciudadanía y dotarse de un instrumento de cohesión social con el que poder paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad de muchas familias.

La norma se empezó a desplegar en el año 2017, con 4 años de retraso desde su aprobación parlamentaria. Inicialmente, en una primera fase de implementación, se beneficiaron las personas y unidades familiares que hasta ese momento eran perceptoras del PIRMI o cobraban pensiones no contributivas con complemento de mínimos. Estos colectivos pasaron a cobrar la nueva RGC que, en el caso de las pensiones con complemento de mínimos, suponían un incremento de los importes percibidos hasta equipararlas al umbral de la propia RGC.

Los problemas, sin embargo, comenzaron de forma casi inmediata en la segunda fase de implementación, cuando las personas al margen de las situaciones anteriormente mencionadas podían presentar sus solicitudes para ser evaluadas y beneficiarse de las medidas contempladas en la Ley . Hasta febrero de 2018, se habían presentado más de 75.000 solicitudes de las que, según los impulsores de la iniciativa, 40.000 permanecen sin respuesta a pesar de haberse superado el plazo legalmente previsto del que dispone la Administración para analizar la petición y dar respuesta.

Aunque mucho más grave que la situación de demora en la tramitación que impide a personas vulnerables acceder a esta ayuda, es la denuncia que plantea la Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía en el sentido de que el Departamento de Trabajo está cometiendo graves irregularidades procedimentales para denegar el acceso a la prestación . Así, por ejemplo, han sido numerosos los casos en los que se han trasladado resoluciones negativas a los afectados una vez superado el plazo máximo de 4 meses que la Ley contempla para ofrecer una respuesta a los solicitantes. La norma aprobada por el Parlamento especifica que en caso de no obtener respuesta, la solicitud se dará por aprobada por silencio positivo de la Administración y corresponderá percibir de forma inmediata la RGC. Desgraciadamente, los solicitantes no sólo no perciben la prestación sino que, incluso, reciben una respuesta denegatoria fuera de plazo.

Además, los incumplimientos abarcan también otros aspectos de la tramitación. Así, entre otras irregularidades, también son numerosos los casos en que se comunican resoluciones denegatorias sin especificar la causa de la negativa, generando manifiesta indefensión.

Por todo lo descrito, la Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía ha hecho pública una carta que Colectivo Ronda ha suscrito junto con otras entidades y que ha dirigido al Presidente del Parlamento de Cataluña y al Síndic de Greuges reclamando medidas contra estos incumplimientos que afectan de forma tan injusta un numeroso colectivo de personas y familias en situación de especial necesidad.

Además, Colectivo Ronda ha creado un modelo de solicitud de pago de la RGC por silencio positivo que puede descargar de forma totalmente gratuita y utilizar en caso de encontrarse en la situación anteriormente descrita:

Esta solicitud puede presentarse mediante correo administrativo , en la sede del Departamento de Trabajo o en cualquier oficina de Bienestar Social. Es importante recordar que siempre debemos presentarla por duplicado, haciendo dos copias.

En este enlace podéis encontrar las direcciones de las diferentes oficinas de Bienestar Social