Custodiar los derechos. Recuperar las libertades
Urnas confiscadas, porrazos, intimidación policial y... inicio de un despropósito jurídico que reprimió y manchó una jornada pacífica para el ejercicio de un derecho básico como es el derecho de autodeterminación de un pueblo y el ejercicio de la libertad de expresión. Era el 1 de octubre de 2017, y desde nuestra cooperativa, como juristas pero también como ciudadanos, expresamos nuestro rechazo a la respuesta represiva desmedida del Estado español en un intento de silenciar y prohibir el referéndum que se quería celebrar.
Y es que hoy hace un año el gobierno español escogió el camino de la represión para aplacar la voluntad democrática de ciudadanos y ciudadanas que de manera no-violenta y como pueblo soberano querían decidir su futuro político. Una jornada que se recordará por las imágenes de abuso policial que se vivieron ... y por todo lo que vendría después: vulneración de derechos fundamentales, aplicación del 155, registros, cierres de web, cárcel y exilio.
Un año después, y con los juicios a punto de empezar, nos toca expresar una vez más nuestro firme rechazo a que se traspase al ámbito judicial el tratamiento de un conflicto claramente político, que ha llevado al ámbito penal un movimiento abrumadoramente pacífico, forzando al máximo y llevando al límite un delito de rebelión que no se corresponde a los elementos que pretendidamente lo conforman. Y todo, en un contexto con unos estamentos jurídicos reprobados por el propio Congreso o de competencia dudosa para el dictamen de estos delitos como la Audiencia Nacional.
El relato de una Cataluña violenta que se quiere separar es el arma política que se quiere utilizar en los juicios contra los presos políticos para pedir penas de hasta 25 años de prisión. Un relato que se iba cociendo cuando empezó a llevarse de manera interesada el debate del derecho a decidir en el terreno de la legalidad y la adecuación a la configuración normativa del Estado español, por la terca negativa del gobierno español que Cataluña ejerza un derecho plenamente legítimo y democrático. Cualquier ley que convierte instrumento para situar al margen de la legalidad la discrepancia, que reduce los derechos de las minorías por el hecho de serlo o que se erige en puerta cerrada en la voluntad pacífica de resolución de un conflicto no puede considerarse legítima, por mucho que se ajuste a la legalidad. Un país que niega las urnas a sus minorías discrepantes no merece la consideración de un Estado de Derecho. Porque dice que actúa en nombre de la ley, pero de espaldas a los derechos.
Lejos de silenciar o tapar el espíritu y la fuerza de un pueblo organizado, la represión hizo que la sociedad civil continuara la lucha por reivindicar el derecho a decidir y, ahora también, para pedir la puesta en libertad de los presos políticos, recordando que el pueblo organizado y soberano siempre puede hacer frente a cualquier intento de represión, que la libertad hay que lucharla a diario, para no perder los derechos conquistados. O que, más que nunca, toca custodiar estos derechos para recuperar las libertades.