Amianto en el Puerto: El TS responsabiliza a Estibarna de las muertes y lesiones de los estibadores

Una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de L'Hospitalet de Llobregat ha reconocido el derecho a compra de los vecinos de una promoción de 168 viviendas de alquiler asequible que Inmo Criteria construyó en este barrio del municipio del Barcelonès. La sentencia considera que esta inmobiliaria de CaixaBank actuó en contra del principio de buena fe al negar a los vecinos y vecinas de Porta Nord el derecho a adquirir en propiedad sus hogares transcurridos 10 años desde la firma del contrato de arrendamiento haciendo desaparecer la cláusula del contrato que lo permitía.

«El IMET se ha apuntado a este imperio donde ninguna normativa sobre discapacidad se está cumpliendo, y tiene una actitud muy lamentable, sea por mala fe o por ineptitud», explicó en rueda de prensa Antonio Centeno en nombre del colectivo afectado por la falta de taxis adaptados a la ciudad de Barcelona. La rueda de prensa, celebrada en Barcelona el 18 de junio, servía para presentar la interposición por parte de Colectivo Ronda de la demanda de ejecución por incumplimiento de sentencia por parte del Instituto Metropolitano del Taxi del Área Metropolitana de Barcelona (IMET) de aumentar la flota de taxis adaptados a la ciudad.

El Juzgado de lo Social 28 de Barcelona ha impuesto a CAPRABO la obligación de indemnizar a uno de sus trabajadores con 6.251 € y destinarlo a un puesto de trabajo adecuado a sus condiciones físicas tras valorar que la empresa vulneraba el derecho fundamental a no sufrir discriminación.

«Nunca quisimos desprestigiar a nadie. Tan sólo denunciar una situación laboral real, sin expresión denigratoria alguna» y por eso «creemos que ésta ha sido una demanda creada con temeridad y mala fe» comentaron en rueda de prensa el pasado 11 de junio algunos de los integrantes del grupo de ocho personas demandadas por la compañía Planeta Impro que les acusaba de vulnerar el derecho al honor por unos comentarios en redes sociales sobre la precariedad laboral de la empresa. El Juzgado de Primera Instancia 30 de Barcelona desestimó la demanda, al considerar que los comentarios estaban amparados por el derecho a la libertad de expresión y también de información, por su veracidad.