Un grupo de 22 propietarios demanda al Estado por la regresión del Delta del Ebro
«Nuestras tierras han sido castigadas cada día por la dejadez de unas administraciones que nunca nos han tenido en cuenta y ahora vemos cómo desaparece un ecosistema de un valor medioambiental único y también cómo perdemos un terreno querido. Y esto es doloroso. Están matando al Delta día a día y nosotros somos víctimas de esta regresión».
Así de clara y contundente se expresó Marcel·la Otamendi en rueda de prensa el pasado 8 de junio como representante del grupo de 22 propietarios y propietarias agrícolas (incluyendo dos empresas) que han denunciado al Estado por su inacción e incumplimiento del deber legal de evitar la regresión y garantizar la protección del Delta del Ebro.
La rueda de prensa se hacía a pie del territorio afectado. La abogada de Colectivo Ronda que representa al grupo de 22 propietarios de fincas afectados, Mariona Torra, contó que la demanda se presenta tras varios requerimientos y el posterior silencio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ante la petición de cumplir con su deber legal de protección de la zona, que ha provocado la salinización, regresión y erosión del terreno del área del Delta, pero además cuantifica los perjuicios económicos sufridos por las fincas agrícolas de los demandantes, que se calculan en 22 millones de euros. «Lo que denunciamos es el abandono del territorio, diciendo que la Administración tiene conocimiento de lo que ocurre pero además un deber legal establecido de hace años, y por tanto nos encontramos ante un claro ejemplo de responsabilidad patrimonial y de inactividad administrativa, y pedimos que se compense el daño a las propiedades y que se repare el territorio con las actuaciones pertinentes», ha explicado Mariona Torra.
Las afectaciones que los peritos han evaluado para realizar la demanda se centran sobre todo en la pérdida de terreno agrícola y la salinización de las tierras «que ha hecho perder potencial agrícola y por tanto una disminución de la producción de los arrozales», según Miquel Àngel Albacar, ingeniero y coautor del informe pericial realizado conjuntamente con Josep Maria Franquet, quien ha denunciado la incautación del Delta: «El Delta está secuestrado por los embalses, y todo esto ha tenido sus efectos desde hace más de cincuenta años y justo ahora el Estado despierta, pero ya van tarde». De hecho se calcula que el daño total sufrido por esta inacción alcanza los 600 millones de euros y que la comunidad de denunciados por el momento es una pequeña parte de todo el colectivo afectado, que alcanza las 10.00 fincas y 20.000 hectáreas.
La demanda presentada por Col·lectiu Ronda tiene el objetivo de que se cumplan las acciones legales para evitar la regresión y garantizar la protección de este espacio de gran valor ecológico, medioambiental y económico frente a los peligros de la salinización y la erosión del terreno fruto de la construcción y puesta en funcionamiento de las presas de Mequinenza, Ribarroja y Flix entre los años 1964 y 1969. Su puesta en funcionamiento ha tenido como consecuencia en los últimos 50 años una drástica reducción de la aportación de sedimentos al tramo final del río Ebro y un progresivo retroceso de la línea de costa.
Estos efectos derivados de la presencia de las citadas tomas en el tramo final del río se pusieron de manifiesto desde un primer momento, tal y como lo demuestra el hecho de que en un lejano 23 de enero de 1973 se publicó en el BOE el Decreto 3722 /192, llamado de saneamiento del Delta del Ebro. El Decreto, aún vigente, preveía una larga serie de medidas para prevenir la degradación del espacio de las que tan sólo se llegó a ejecutar una pequeña parte desarrollada, principalmente, entre los años 1981 y 1985. Desde entonces, el actividad de la Administración dirigida a paliar los efectos negativos de la regresión del Delta del Ebro ha sido inexistente y sólo se ha reanudado la actividad correctora en los meses posteriores al temporal Gloria, que asoló la zona en enero de 2020. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora se han mostrado manifiestamente insuficientes para revertir el agravamiento o han sido ejecutadas sólo de forma parcial, con partidas presupuestarias aprobadas e incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado para desarrollar acciones sobre el territorio que quedan pendientes de ejecución o la falta de aprobación definitiva del Plan para la protección del Delta del Ebro impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentado en febrero de 2021.
Incumplimiento de la legislación vigente
Frente a esta situación de abandono y degradación de un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2013, un grupo de 22 propietarios y propietarias de fincas agrícolas representados por Col·lectiu Ronda han impulsado una demanda pionera denunciando la inacción y la falta de la Administración en el ejercicio de sus competencias de protección y conservación de la costa, tal y como determina la Ley de Costas de 1988, la Ley 26/2007 de Responsabilidad medioambiental y un voluminoso conjunto legislativo que incluye normativa estatal y comunitaria. Según consta en la demanda presentada, «la Administración del Estado debe aplicar soluciones reales, efectivas y rápidas mediante las que se consiga el cese inmediato de la situación actual. Es decir, cesar en la regresión y en el incremento de la salinidad, con dotación de los caudales líquidos y sólidos suficientes en el tramo final del río».
La demanda interpuesta se acompaña y justifica en un extenso informe elaborado por Josep Maria Franquet Bernis, Doctor Ingeniero Agrónomo, y Miguel Ángel Albacar, ingeniero de caminos, canales y puertos, donde se detallan las medidas técnicamente necesarias (creación de dunas, instal· ción de barreras geotextiles, restauración de humedales...) para proceder a la denominada «restitución in natura» o rehabilitación integral del territorio para corregir los daños sufridos. Por otro lado, los demandantes reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de su inactividad, valorada en un total de 22 millones de euros por indemnizar los perjuicios sufridos por sus fincas agrícolas, incluyendo la pérdida de terrenos productivos y la disminución del rendimiento económico de las hectáreas afectadas.
Demanda pionera
Pese a la situación del Delta se ha puesto en conocimiento de la Administración en innumerables ocasiones, con especial protagonismo de la Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro y el Sindicato Agrícola del Ebro, entre otros organizaciones y entidades, ésta es la primera ocasión en que un grupo de personas y sociedades mercantiles unen fuerzas para reclamar judicialmente la adopción de las medidas necesarias para preservar la integridad del territorio y denunciar los perjuicios sociales, morales y económicos causados por el abandono del Delta del Ebro.
