Manifiesto de Colectivo Ronda ante la situación de falta de derechos que se vive en Cataluña
El concepto de "autoridad judicial" es, para los que nos dedicamos al Derecho, capital. En abstracto, es la representación de la aplicación de la ley; en concreto, es la persona titular del órgano judicial que efectivamente la aplica. Es autoridad judicial porque así lo reconoce la ley, pero la autoridad, como muchas otras cosas, no la tiene sólo aquel a quien formalmente se la han otorgado, sino que actúa en coherencia con la misma
Estos días estamos viviendo una intensidad de encarcelamientos y procesados sin fundamento claro, ataques a la libertad de expresión y la vulneración de los derechos más fundamentales ... actuaciones dictadas por el Tribunal Supremo –la máxima autoridad judicial en España, al que se 'une el Tribunal Constitucional (si bien este último en otro ámbito jurisdiccional)– y que hacen que cada vez más la supuesta autoridad judicial sea vista como un autoritarismo judicial.
Trasladar la ideología a las resoluciones judiciales vulnera los derechos más fundamentales
Y es que las sucesivas resoluciones del Tribunal Supremo relativas al proceso catalán han sido ampliamente criticadas. Numerosos expertos juristas en Cataluña y en el Estado ya lo han dicho prácticamente todo, y lo han dicho muy bien; si elegimos sólo tres de las cuestiones que podemos considerar fundamentales, podemos afirmar que:
- El delito de rebelión requiere violencia, ésta no ha existido, y las resoluciones del Tribunal Supremo la construyen de forma totalmente artificial.
- La prisión provisional es una medida excepcional y como tal debe ser acordada de forma restrictiva y proporcionada.
- La ideología de los procesados no puede ser objeto de valoración judicial.
Ante esto, constatamos que el Tribunal Supremo ha interpretado la rebelión y ha aplicado la prisión provisional de forma injustificada y, según muchos expertos de todo el Estado, inaceptable jurídicamente. En cuanto a la ideología, trasladarla a las resoluciones judiciales vulnera los derechos más fundamentales como la libertad ideológica.
Estas tres cuestiones, entre otras, serán trascendentales en el análisis que las autoridades judiciales de varios países europeos (a estas alturas Alemania, Bélgica, Escocia, Suiza) han de realizar de forma inminente para tramitar las euroórdenes o, en su caso, las eventuales extradiciones. Particularmente, deberán valorar si –simplificando mucho el concepto– existen garantías de que los encausados tendrán en España un juicio justo conforme a los ordenamientos jurídicos internacionales.
La actuación del Tribunal Supremo en los ámbitos que hemos mencionado indica, claramente, que esto no será así, y aquí tendremos la oportunidad de ver si las autoridades judiciales europeas actúan como tales o si, en su caso también, son órganos politizados.
Autoridad judicial versus autoritarismo
Ante todo esto, es comprensible que la opinión pública no esté identificando al Tribunal Supremo con esta idea respetable y respetuosa de "autoridad judicial" que debería ser y representar. La opinión pública está visualizando un escenario en que el autoritarismo, cosa bien diferente, está sustituyendo la autoridad judicial. Y ve cómo, junto con este autoritarismo judicial, llega la represión.
Autoritarismo y represión, dos ideas que lamentablemente proyectan muchas resoluciones judiciales en los últimos tiempos: los procesamientos de hasta 25 dirigentes políticos y sociales y la prisión provisional del Gobierno y el expresidenta de la Mesa, que se han unido a la los líderes sociales de la ANC y Òmnium; la euroorden que lleva a la detención del presidente Puigdemont; el ataque implacable contra la libertad de expresión en muchas de sus formas, incluso las artísticas; la vulneración del derecho a la participación política de la ciudadanía. Pero también la situación de estado de excepción que se vive en Murcia, lo que evidencia que el riesgo antidemocrático no es sólo para Cataluña.
Somos una cooperativa jurídica nacida en 1972 que desde sus inicios trabajó en los tribunales contra la represión en el ámbito político y laboral, tanto durante la dictadura franquista como durante la transición, y hasta la actualidad. Por todo ello, rechazamos hoy el autoritarismo y la represión que se vive en Cataluña, y reclamamos que se detenga la vulneración de derechos fundamentales individuales y colectivos en la interpretación y aplicación de la ley.
