Un colectivo de más de 300 personas ocupadas por las subcontratas que operan en las instalaciones y bajo la dirección de NISSAN han iniciado con el asesoramiento de Colectivo Ronda un procedimiento de reclamación judicial para que se reconozca la situación de cesión ilegal de trabajadores que les afecta.
El pasado 12 de junio, cientos de empleados de las numerosas subcontratas que actualmente operan en las instalaciones de NISSAN en Barcelona rodearon la factoría de la Zona Franca al grito de «Todos somos Nissan» para reclamar igualdad de condiciones laborales con los compañeros y compañeras con quienes trabajan codo a codo diariamente pero que, a diferencia de ellos, están contratados directamente por la multinacional.
«Lo que supone trabajar en Nissan contratado por Acciona, Segula, Comsa o cualquiera de las otras subcontratas respecto lo que supone hacerlo con un contrato de la propia Nissan es un verdadero mundo de diferencia, tanto a nivel salarial como en lo referente al resto de condiciones laborales », señala Juanma Seco, uno de los trabajadores de Acciona Nissan que ha participado activamente en la creación del grupo promotor que ha conseguido reunir más de 300 personas dispuestas a reclamar judicialmente por la situación de cesión ilegal. «En muchos casos, compartimos tareas con nuestros compañeros de NISSAN o, cuando realizamos funciones específicas, lo hacemos bajo la dirección directa de la propia NISSAN que es quien, en realidad, ostenta las funciones de dirección y control que corresponden al verdadero empresario. El objetivo de las subcontratas no es otra que el abaratamiento de costes laborales que representa negarnos todo lo que nos correspondería como empleados de NISSAN y eso es ilegal. Las subcontratas a Nissan no actúan con la autonomía que la legislación les exige sino que se limitan a poner mano de obra al servicio de la empresa principal», prosigue Seco.
Fundamento legal para exigir el reconocimiento judicial de una cesión ilegal
Josep Pérez es el abogado que encabeza el equipo jurídico de Colectivo Ronda que se ha encargado de asesorar al grupo de trabajadores demandantes. Según su criterio, existen indicios suficientes para considerar que la relación que Nissan mantiene con las más de 10 subcontratas que operan en la planta de Zona Franca constituye un fraude de ley. «La subcontratación es un mecanismo legalmente establecido -afirma el abogado- pero sometido a regulación para evitar que se convierta en un subterfugio que permita a una empresa rehuir sus obligaciones como legal empleadora o dejar de aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían a los trabajadores si los contratara directamente. Y esto es precisamente lo que sucede en NISSAN y, desgraciadamente, cada vez en más empresas. Se utiliza la subcontratación como forma de precarización de las relaciones laborales, especialmente en el caso de empresas grandes donde existen convenios colectivos que garantizan a sus plantillas condiciones laborales dignas. En lugar de contratar trabajadores que puedan beneficiarse de estas condiciones se recurre a subcontratas donde se aplican salarios mucho más bajos. Y a la vez, el peso creciente de las subcontratas actúa como factor de presión y amenaza para los trabajadores directamente contratados para que renuncien con más facilidad a lo conseguido».
El miedo a ser invisibles
«Es así como nos sentimos: invisibles», retoma Juanma Seco. «En todas partes se habla de los 3000 puestos de trabajo directos del personal de Nissan que se pueden perder con un hipotético cierre. También se habla de los 22.000 puestos de trabajo indirectos en riesgo correspondientes a las empresas proveedoras de componentes. Pero de nosotros no se habla. 1500 familias con el futuro en el aire pendientes de una decisión que se está tomando en espacios de negociación y diálogo donde no tenemos ocasión de participar porque formalmente no se nos reconoce como perjudicados. Somos muchas las personas de las subcontratas que trabajamos en Nissan desde hace más de 15 años, a menudo encadenando una subcontrata tras otra. Viendo cómo cambia el nombre de la empresa que figura en nuestras nóminas y contratos pero siempre a las órdenes y recibiendo instrucciones de Nissan. Y ahora se pretende que lo perdemos todo a cambio de nada. Nos estamos jugando el trabajo y no queremos ser una moneda de cambio en estas negociaciones».
Josep Pérez recuerda que «la situación de los trabajadores de las contratas siempre ha sido de discriminación a diferentes niveles, pero la necesidad de corregir esta situación ahora es absolutamente dramática. Si trabajan para Nissan, si fabrican sus vehículos y están sometidos a las directrices y la conveniencia de la empresa, lo normal es que se les reconozca lo que son: trabajadores de Nissan. Y sólo de esta forma podrán unirse a la lucha del resto de sus compañeros en defensa de todos los puestos de trabajo de la planta de Barcelona y del futuro industrial de Cataluña. Normalizar la existencia de trabajadores de segunda a quien se puede desposeer de derechos a conveniencia de grandes empresas con beneficios multimillonarios es atentar contra los derechos laborales de todos y todas ».
