El expediente de despido colectivo desarrollado en el marco de la fase de liquidación del proceso concursal que afecta a la empresa tarraconense ha finalizado sin acuerdo después de que una parte mayoritaria de la plantilla rechazara una propuesta que no ofrecía ningún tipo de garantía ni compensación en relación con el importe de las 4 nóminas dejadas de percibir
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«La situación es desesperada, llevamos 4 meses sin cobrar la nómina mientras vemos cómo se han incumplido todos los compromisos incorporados al plan de viabilidad que se trasladaton a los acreedores de la compañía», declaran representantes de la plantilla de Aragonés Transportes, empresa que emplea a una cuarentena de personas con sede en Constantí (Tarragona) y que cuenta también con un centro de trabajo en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
Sin salario y sin empleo real por falta de actividad, la plantilla de Aragonés Transportes denuncia lo que consideran una situación de «extrema vulnerabilidad» como consecuencia de la pésima gestión de la compañía «que ha generado un volumen de deuda insostenible e insalvable que condena a la empresa a su cierre definitivo». En este sentido, la plantilla, representada de forma mayoritaria por Col·lectiu Ronda, recuerda que Aragonés Transports logró dejar atrás con anterioridad una situación de enorme dificultad cuando en el 2018 salió de la situación de concurso de acreedores en la que se encontraba desde abril de 2016 mediante la firma de un convenio con sus acreedores y la aprobación de un plan de viabilidad y reestructuración de deuda que permitía encarar el futuro con cierto optimismo. «En ese momento -recuerdan los trabajadores de la empresa- la plantilla apoyó y realizó un enorme esfuerzo para favorecer la viabilidad de la empresa. Fuimos los primeros en creer que la situación se podía enderezar sin el lastre de la deuda precedente, pero desde entonces lo único que se ha hecho ha sido repetir, agravados, los errores del pasado y reanudar el camino de una gestión errática que nos ha llevado hasta la actual situación, absolutamente desesperada». Entre los ejemplos de esta gestión plagada de errores, la plantilla de la empresa tarraconense menciona, entre otros, «la incapacidad de la dirección para conseguir financiación o la llegada de nuevos inversores en disposición de corregir el rumbo de la compañía. Promesas que se nos han trasladado incansablemente en los últimos años a plantilla, proveedores y clientes y que han sido reiteradamente incumplidas, provocando la degradación progresiva del servicio que la empresa estaba en disposición de ofrecer y, lógicamente, la pérdida de confianza de unos y otros, que han acabado marchando».
En este contexto, los trabajadores y trabajadoras de Aragonés Transportes, reclaman atención y consideración para su situación. « Se nos deben 4 nóminas. 4 meses sin cobrar, sin trabajo ni posibilidad de acceder a la prestación por desempleo. Mucha gente ha tenido que renunciar a sus derechos y han causado baja voluntaria porque no podían sostener esta situación y necesitaban cobrar de algún sitio para evitar, por ejemplo, perder su casa. Y tenemos la sensación de estar los últimos en la lista de prioridades en este concurso de acreedores. Somos los verdaderos rehenes de un proceso concursal donde se están tomando en consideración los intereses de todos, sobre todo los de la propia empresa, antes que los nuestros, que vivimos con el agua en el cuello a pesar de haber puesto mucho de la nuestra parte para ayudar a Aragonés Transports».
Para Joana Badia y Clàudia Guasch, abogadas de Col·lectiu Ronda que asesoran a una parte mayoritaria de la plantilla, resulta inadmisible «que no se anteponga el cobro de las deudas acumuladas hacia la plantilla y se prolongue una situación insostenible en lugar de priorizar la obtención de los recursos necesarios para ofrecer una salida digna a unas personas que no son en absoluto responsables de la situación actual de la empresa, pero que son las que más están sufriendo las consecuencias de este proceso». Siendo así, las abogadas reclaman «el trato preferente que la plantilla merece, por delante de consideraciones inciertas» y lamentan que, desgraciadamente, «los procesos concursales sigan primando los intereses de los acreedores institucionales incluso en casos como el presente, cuando es evidente que la plantilla no puede sostener esta situación y se les está empujando a la renuncia de sus derechos más elementales».
