«El trato inhumano y despectivo que recibimos de La Caixa vulnera nuestra dignidad y derechos». Así de contundente se ha expresado Asun García, una de las inquilinas afectadas por los contratos de alquiler de una promoción en El Vendrell de Inmocriteria, inmobiliaria perteneciente a CaixaBank. Las declaraciones las hacía en el marco de la rueda de prensa celebrada el 22 de mayo de 2024 donde El Sindicat de Llogateres y Colectivo Ronda han hecho pública la interposición de la primera demanda colectiva de cese que se pone en el Estado español desde un sindicato de inquilinos en calidad de asociación de personas consumidoras.
El objetivo es conseguir la nulidad de 16 cláusulas abusivas incorporadas a los contratos de alquiler de Inmocriteria, que afectan a 2.000 viviendas de 37 promociones en toda Cataluña. Si la demanda prospera tendría efectos sobre todos los contratos firmados con esta inmobiliaria y prohibiría la incorporación de las cláusulas impugnadas en los contratos de futuro.
«La Caixa nos impone unas cláusulas abusivas de alquiler que no podemos permitirnos y en unas viviendas donde las condiciones son lamentables» añadía la afectada, explicando la lucha que hace tiempo llevan a cabo de forma organizada. Y es que la demanda llega después de dos años y medio en que centenares de inquilinas de viviendas de protección oficial impulsadas entre el año 2002 y el 2012 por la Obra Social La Caixa se hayan organizado con el Sindicato para denunciar las expulsiones indiscriminadas y prácticas abusivas de forma reiterada a familias de una cuarentena de promociones de toda Cataluña. Entre ellas, se encuentra la aplicación de un conjunto de cláusulas abusivas que se incorporan sistemáticamente a todos los contratos de alquiler de Inmocriteria Arrendamientos III SLU, que es propietaria de 37 de las 40 promociones de Obra Social desde su disolución.
Posible nulidad de 16 cláusulas para todos los contratos de futuro
La abogada de Colectivo Ronda, Montse Serrano, por su parte, ha explicado que la demanda incluye la petición de cese de 16 cláusulas que se consideran abusivas entre las que se encuentra la cláusula penal (que obliga al inquilino a pagar una penalización si rescinde el contrato antes de que acabe), la obligación de pago de todas las reparaciones y de pagar la cuota del seguro de impago contratado por la propiedad o la posibilidad de cobrar retroactivamente las actualizaciones de la renta. «Pese a que las cláusulas han sido firmadas hay que romper con un paradigma falso, y es que éstas no son válidas desde el momento en que no han sido negociadas individualmente, sino impuestas y con unas condiciones que provocan un fuerte desequilibrio contra la persona consumidora, tal y como establece la normativa de consumidoras», ha explicado Serrano.
La acción de cesación debe permitir no sólo la nulidad de las cláusulas abusivas sino también la no inclusión en ningún otro contrato de futuro de Inmocriteria, ya que precisamente se basa en pedir a la parte demandada que “cese” en uso de sus condiciones y que por tanto tenga efectos en todas las personas que puedan tener contratos de alquiler de la inmobiliaria. Igualmente, pueden ser suprimidas en contratos de otras empresas puesto que la sentencia, en caso de que fuera favorable, quedaría inscrita en el registro de Condiciones Generales de Contratación, marcando un precedente.
La lucha constante del sindicalismo inquilino contra la abusividad de los alquileres y las expulsiones
En esta petición de cesación el Sindicat de Llogateres actúa en su legítima condición como asociación de personas consumidoras y en representación de todas las personas afectadas que forman parte, entendiendo que entre sus finalidades se encuentra el asesoramiento y acompañamiento jurídico para la defensa de los derechos de las personas inquilinas. Esta demanda se hace de forma colectiva y permite agrupar la acción judicial y una sentencia favorable beneficiaría a cualquier persona inquilina que pueda acreditar que tiene estas cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato, ha explicado que, en este caso, la demanda tiene un componente de relevancia añadida que es que «estamos hablando de vivienda que ha sido construida como vivienda de alquiler social y del que, en cambio , la gente es expulsada». Y ha recalcado que aunque este sea un caso «difícil», ya que «nos enfrentamos a La Caixa, entidad financiera que hace caer gobiernos, manipula y condiciona a políticos y es quien tiene más pisos en Catalunya, creemos con la fuerza del organización». Y es que hace un año un juzgado de Barcelona ya les dio la razón en la demanda contra los fondos buitre de Lazora presentada también conjuntamente con Col·lectiu Ronda. Arcarazo ha concluido: "Lo que las instituciones no hacen, pararle los pies a un gigante, lo hace la gente organizada, trabajando codo con codo".
De la defensa de 2.000 hogares al cambio de modelo de vivienda de protección oficial
A través de la campaña #DestapemLaCaixa, el sindicato de Llogateres, junto con las inquilinas afectadas por CaixaBank publicaron el informe "Vivienda de Desprotección Oficial: el caso de La Caixa",y denunciaron el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Catalunya.
Desde el Sindicato se ha analizado cuál ha sido la financiación pública, cuáles han sido los beneficios que han obtenido las promotoras privadas y por qué y cómo se han dado estos procesos de descalificación masiva que no sólo dejan un parque de vivienda ridícula sino que además, desprotegen a las miles de inquilinos que viven y se ha elaborado una propuesta para promover la vivienda de protección oficial en Cataluña.
Enlace al pdf de las 16 cláusulas abusivas y su impugnación.
