La plantilla de General Cable hace huelga contra el despido del personal de servicios centrales
Las 121 personas ocupadas en las oficinas centrales de la multinacional General Cable en Barcelona han participado en una jornada de huelga contra el anuncio del despido de la totalidad de trabajadores encargados de los servicios comerciales, de finanzas y contabilidad, recursos humanos, logística e informática.
La adquisición de la estadounidense General Cable por parte del grupo italiano Prysmian amenaza el puesto de trabajo de las 121 personas ocupadas en las oficinas centrales de la empresa, situadas en la calle Casanovas de Barcelona. La nueva propietaria de General Cable, uno de los principales fabricantes de cables y componentes para la industria y las telecomunicaciones, ha anunciado el despido de la totalidad de personas actualmente dedicadas a la gestión de recursos humanos, contabilidad y finanzas, logística e informática. La intención de Prysmian es que estas funciones pasen a realizarse con los recursos de la propia Prysmian y desde la delegación comercial de que dispone el grupo en Cataluña, situada en Vilanova y la Geltrú.
Para Sergio Maldonado, abogado de Colectivo Ronda que asesora la plantilla en este conflicto, «nos encontramos ante un nuevo caso de sustitución de trabajadores. Hasta ahora, los servicios centrales de Prysmian en Cataluña se ocupaban de ofrecer soporte a 4 centros productivos y ahora, con la integración de General Cable, pasarían a hacerlo de 7 centros de gran dimensión, pues General Cable ocupa más de 700 personas en sus fábricas de Manlleu, Abrera y Montcada. Aunque con el proceso de adquisición pueda darse algún episodio puntual duplicidad de estructuras análogas entre las dos empresas, de ninguna manera está justificada la amortización de la totalidad de los puestos de trabajo de los servicios centrales de General Cable. En la práctica, Prysmian está perpetrando una verdadera deslocalización y trasladando parte de la actividad a otros países como Islas Mauricio o Italia -donde está la sede del grupo- con el objetivo de reducir costes laborales y, sobre todo, para poder desprenderse de el inmueble que General Cable tiene en propiedad en pleno centro de Barcelona. Y estas intenciones no se pueden camuflar fraudulentamente bajo la apariencia de supuestas necesidades organizativas».
Los representantes de la plantilla coinciden en que la medida extintiva no tiene ninguna justificación organizativa o técnica. «Desde estas oficinas -explican miembros de la plantilla- se ofrece todo el apoyo comercial, financiero y logístico a las tres fábricas de General Cable en Cataluña, que ocupan actualmente más de 700 personas. Es imposible que esta tarea se desarrolle a partir de ahora con los recursos de que dispone Prysmian en nuestro país. El objetivo es vaciar el edificio de Casanovas, tal y como lo demuestra que sólo se despide a las personas que físicamente trabajan allí pero no en cambio no a la gente de la red comercial que, a pesar de estar adscritos a este centro de trabajo, no están allí diariamente. Se quiere extraer un beneficio adicional a la propia práctica empresarial y sustituirnos por trabajadores que con toda seguridad tendrán peores condiciones económicas y sociales».
«General Cable -explica el abogado Sergio Maldonado- supone otro episodio de degradación de las relaciones laborales en Cataluña. Prysmian ha abonado casi 3000 millones de dólares para controlar General Cable que es prácticamente el doble del valor en Bolsa de la empresa en el momento de la adquisición. Simplemente, se pretende reducir costes de la operación afectando unos trabajadores que han venido haciendo su trabajo de forma eficiente. La sustitución de trabajadores por otros trabajadores a los que se les impondrá peores condiciones laborales y económicas en el marco de una nueva deslocalización que contribuye a degradar aún más nuestro tejido industrial».
