Nace Custòdia, el primer Banco de Suelo Comunitario de Cataluña

Más de treinta entidades vinculadas al cooperativismo y la economía social, entre ellas Col·lectiu Ronda, impulsan una iniciativa destinada a adquirir y preservar suelo para facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa, social y comunitaria al margen del mercado especulativo. Se trata de la Asociación Custòdia, el primer Banco de Suelo Comunitario de Cataluña.

Custòdia quiere dar respuesta a una de las principales dificultades a las que se enfrentan los proyectos colectivos de vivienda: el acceso al suelo. El encarecimiento de los terrenos y la concentración de la propiedad en manos privadas condicionan la viabilidad de muchas iniciativas, incluso cuando cuentan con un grupo impulsor consolidado y con un proyecto social, arquitectónico y económico bien definido y viable.

Ante esta realidad, el futuro Banco de Suelo Comunitario adquirirá, custodiará y preservará terrenos para ponerlos al servicio de proyectos de vivienda asequible y otras iniciativas sociales, culturales o comunitarias. La previsión es que la asociación constituida se transforme a lo largo de 2027 en una cooperativa capaz de iniciar las primeras operaciones.

Separar la propiedad del suelo y los edificios

El funcionamiento de Custòdia se inspira en los Community Land Trusts, un modelo con una trayectoria consolidada en diversos países europeos y norteamericanos cuya principal característica es la separación entre la propiedad del suelo y la de las edificaciones que se construyen sobre él.

El Banco podrá recuperar terrenos del mercado privado y mantener su titularidad de manera permanente, mientras cooperativas y otras entidades desarrollan en ellos sus proyectos mediante fórmulas jurídicas que garanticen su estabilidad y continuidad en el tiempo sin necesidad de adquirir la propiedad del terreno sobre el que se edifica. De este modo, el suelo deja de depender de las oscilaciones del mercado inmobiliario y queda protegido frente a futuras operaciones especulativas.

El proyecto también quiere articular instrumentos jurídicos y financieros que permitan captar recursos, establecer alianzas con entidades de finanzas éticas y facilitar la participación de las administraciones públicas mediante la cesión o la cofinanciación de suelo. Todo ello deberá sustentarse en un modelo de gobernanza colectiva, con criterios transparentes para incorporar terrenos y seleccionar los proyectos que puedan beneficiarse de ellos.

Vivienda cooperativa ante una crisis estructural

Custòdia surge en un momento de emergencia habitacional marcado por el aumento continuado de los precios, la insuficiencia del parque público y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna. En este contexto, la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso ha ido ganando presencia y sumando proyectos en todo el territorio como fórmula para facilitar el acceso a la vivienda desde una perspectiva colectiva y comunitaria.

En este modelo, la propiedad de las viviendas permanece en manos de la cooperativa y las personas socias adquieren el derecho de uso. Esto permite evitar la venta individual de los inmuebles y mantenerlos fuera del mercado especulativo. Por tanto, la vivienda deja de concebirse como una mercancía o una inversión y recupera su función esencial: garantizar un derecho y satisfacer una necesidad colectiva.

El Banco de Suelo Comunitario puede contribuir a reforzar este ecosistema. Si la vivienda cooperativa permite proteger colectivamente los edificios, Custòdia pretende extender esta protección al terreno sobre el que se levantan. Es una herramienta pensada para preservar la asequibilidad a largo plazo y evitar que el esfuerzo comunitario de hoy acabe incorporándose al mercado privado en el futuro.

El compromiso de Col·lectiu Ronda con el derecho a la vivienda

La adhesión de Col·lectiu Ronda a Custòdia profundiza en el compromiso de la cooperativa con la defensa del derecho a la vivienda. Desde hace años, el área de Economía Social acompaña y asesora a proyectos de vivienda cooperativa en cuestiones jurídicas, societarias y organizativas, contribuyendo a consolidar modelos democráticos, participativos y sin ánimo de lucro que se conviertan en alternativas sólidas a un mercado que, lejos de garantizar el derecho a la vivienda, dificulta enormemente la satisfacción de una necesidad tan básica como disponer de un espacio digno en el que vivir.

Un compromiso que no se limita a la búsqueda de soluciones colectivas y comunitarias a la crisis de la vivienda, sino que también abarca otras caras de la misma moneda, como, por ejemplo, la defensa de las personas arrendatarias frente a subidas abusivas, desahucios y prácticas fraudulentas impuestas por grandes tenedores y fondos de inversión. Son expresiones diferentes de una misma voluntad: proteger la vivienda de las dinámicas especulativas y situar los derechos de las personas y las comunidades por delante de los intereses del mercado.