Clamor ciudadano e institucional contra la reanudación por parte del Ministerio del proyecto de deslinde del Delta del Ebro

El clamor contra esta reanudación se expresa con la recogida de firmas de nuevas alegaciones contra el proyecto, promovidas por la Sindicatura de Greuges de Deltebre, con el apoyo de un grupo de trabajo del Consejo de Defensa del Territorio y la colaboración del Ayuntamiento.

Los propietarios de fincas agrícolas del Delta del Ebro ya habían presentado alegaciones en varias ocasiones, la última, el pasado mes de julio, siempre expresando su malestar por el impacto negativo a nivel social y ambiental de este proyecto de deslinde y exigiendo su archivo definitivo. Ahora, la reanudación por parte del Ministerio con un nuevo expediente que no incorpora ninguna de las propuestas técnicas de alegaciones anteriores, ha asustado a propietarios y al grupo de Trabajo en defensa del territorio, por lo que consideran no sólo una falta de respeto sino una "nueva amenaza" hacia la zona y por el conjunto "y el futuro" del Delta. En este sentido es con lo que se ha iniciado la recogida de firmas para las nuevas alegaciones contra el proyecto, afianzando la necesidad de dar una respuesta colectiva, con un plazo que finalizar el próximo 27 de febrero.

El proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pretende redefinir y acotar el dominio público marítimo terrestre del litoral de la zona de Deltebre, incoado por el servicio provincial de costas del Estado en Tarragona. Los propietarios, representados por la abogada Mariona Torra y asesorados jurídicamente por el Col·lectiu Ronda y por el abogado urbanista Raimon Soler y Bernat Marco del Estudio Jurídico “Aterra”, denuncian de hace años el proyecto porque, según ellos y avalados con los estudios técnicos pertinentes, pretende incorporar al dominio público marítimo-terrestre constituya una respuesta eficaz a los retos que afronta el Delta del Ebro. Lejos de contribuir a frenar la regresión del litoral y la salinización del suelo, el proyecto del Ministerio, recalcan, "impacta negativamente y de forma profunda en el tejido económico, social y productivo del territorio, amenazando la continuidad de la actividad agrícola y poniendo en riesgo la estabilidad de numerosas explotaciones familiares y comunitarias".

Nuevas alegaciones para reiterar indefensión y el impacto negativo de la medida

Las nuevas alegaciones, que cuentan con el apoyo institucional, especialmente del Ayuntamiento de Deltebre, pretenden volver a frenar el proyecto y ponen de manifiesto la "indefensión" que supone la puesta en marcha de un nuevo expediente teniendo en cuenta la caducidad de los trámites del anterior con las alegaciones ya hechas y conformadas por parte de la propia Administración. Algo que consideran «inadmisible», puesto que supone no revisar ni adecuar las demandas de los agentes sociales, institucionales, económicos y productivos del territorio y que, según las alegaciones, responde a una nula voluntad de acuerdo, con un claro «componente ideológico».

El modelo de alegaciones se ha elaborado para que la ciudadanía y las entidades puedan sumarse de forma activa a esta «acción de defensa del territorio». Las alegaciones se pueden presentar presencialmente en el Espacio de Atención Ciudadana (EAC) del Ayuntamiento de Deltebre, o por vía telemática mediante la web municipal. En los documentos se pide de nuevo el archivo del proyecto.

La petición de archivo del expediente no es exclusiva del colectivo de propietarios. El Ayuntamiento de Deltebre, la Generalidad de Cataluña, a través de la Dirección General de Políticas Ambientales y el Parque Natural del Delta del Ebro, así como otros agentes del territorio como la Comunidad de Regantes y la Mesa de Consenso, ya se posicionaron claramente en contra del proyecto y han emitido informes negativos que coinciden en calificarlo de sus intereses y sus invenciones.

Preservar un espacio singular de gran valor ambiental

Los argumentos expuestos contra el proyecto han evidenciado siempre la improcedencia de la propuesta por motivos técnicos, jurídicos y ambientales. Los propietarios han denunciado históricamente una aplicación arbitraria e incoherente de los criterios de deslinde, señalando un agravio comparativo respecto a otras zonas como la Albufera de Valencia, donde la Administración ha optado por actuaciones que protegen los intereses agrícolas y buscan preservar el equilibrio entre actividad económica y conservación ambiental. Advierten, además, que la línea de deslinde provisional ha sido trazada sin garantizar la debida seguridad jurídica, con irregularidades procedimentales graves y sin marcar físicamente el trazado sobre el terreno, generando una situación de indefensión. También se denuncia la utilización del procedimiento de deslinde para obtener servidumbres de paso y caminos de acceso sin seguir los procedimientos legales de expropiación.

El procedimiento impulsado por el Ministerio certifica la inacción histórica de España a la hora de cumplir su deber legal de preservar la integridad del Delta y aplicar las medidas necesarias para hacer frente a la regresión de la costa, la subsidencia del terreno deltaico y la intrusión marina. En este sentido, los propietarios ya interpusieron una demanda contra el Estado en junio de 2023 por esa misma inacción, reclamando responsabilidades y exigiendo actuaciones reales y efectivas para proteger un espacio de gran valor ecológico, medioambiental y económico.

En definitiva, según los afectados, el proyecto de deslinde no sólo no resuelve los problemas estructurales del Delta, sino que los agrava, y no responde a ninguna lógica de protección ambiental real ni constituye una herramienta para afrontar los efectos del cambio climático sobre el Delta. Los propietarios reclaman una estrategia valiente y coherente de preservación del territorio, basada en la aportación monitorizada de arenas mediante draga marina, la protección del frente litoral y la implementación de medidas estructurales de defensa, tal y como prevé la Estrategia Delta y cómo se lleva a cabo en otros países y regiones con contextos similares, como el modelo holandés,

Con esta nueva acción, el colectivo de propietarios reitera su compromiso con la defensa de los derechos legítimos del campesinado, la protección del territorio y la exigencia de una actuación responsable por parte de la Administración del Estado, que se implique verdaderamente la preservación de un espacio singular de enorme valor ambiental.