Primeras demandas contra Barcelona Activa por la decisión de la agencia pública municipal de fomento del empleo y desarrollo económico de no renovar los contratos temporales de obra y servicio de las personas encargadas de ejecutar las políticas activas de empleo impulsadas por el ente público.
RESUMEN:
El grupo de demandantes, tres personas vinculadas hasta ahora al Proyecto Singulares, reclama que se reconozca que sus contratos temporales estaban celebrados en fraude de ley y la nulidad de la extinción como consecuencia de que Barcelona Activa debería haber instado un procedimiento de despido colectivo. Además, la nulidad de los despidos también se reclama al considerar que la actuación de Barcelona Activa responde al propósito de anticiparse a las reclamaciones del colectivo de técnicos de empleo por el carácter fraudulento de sus contratos temporales
El pasado 29 de junio, la dirección de Barcelona Activa comunicó a la plantilla de la agencia la intención de no renovar ninguno de los contratos de obra y servicio celebrados con 102 de los técnicos y técnicas de empleo que actualmente ejecutan los programas ocupacionales del SOC desarrollados por la agencia pública. Una actuación que supone reducir un 22% la plantilla total de Barcelona Activa y un porcentaje aún mucho más elevado si consideramos en exclusiva el personal específicamente dedicado al ámbito de las políticas activas de empleo. Todo ello sin considerar las personas actualmente inscritas en las diferentes bolsas de trabajo de Barcelona Activa que pierden la expectativa de volver a ser contratadas después de haber ofrecido anteriormente sus servicios a la agencia municipal.
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TEXTO COMPLETO
Tres de las personas que integraban el equipo técnico encargado de gestionar y ejecutar el denominado Proyecto Singulares, programa financiado por el SOC y dirigido específicamente a jóvenes sin trabajo a través del cual se vehicula y se implementa una parte del Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil, se han convertido en las primeras personas en interponer una demanda judicial por la finalización del contrato de obra y servicio que a lo largo de los últimos 11 meses los ha unido a Barcelona Activa como técnicos y técnicas de empleo. Como ha sucedido con este grupo de demandantes, desde el pasado 22 de julio se ha procedido a no renovar los contratos de obra y servicio celebrados entre Barcelona Activa y los profesionales del empleo adscritos a diferentes programas. Este es el caso, por ejemplo, de un grupo de trabajadores vinculados al proyecto «Treinta plus», un programa ocupacional que anualmente facilitaba la contratación de unas 200 personas mayores de 30 años por parte de pequeñas y medianas empresas de Barcelona que, según denuncia la plantilla, dejará de tener continuidad y desaparecerá de la cartera de proyectos desarrollados por la agencia municipal.
Las finalizaciones de estos primeros contratos son la materialización del anuncio dirigido por parte de la dirección de Barcelona Activa a su plantilla en el sentido de iniciar una política de no renovación de la contratación temporal que desde el ente público atribuyen el hecho de, supuestamente, no poder realizar contrataciones «ni a través de contratos de obra y servicio, debido a sentencias recientes, ni a través de contratación indefinida, tal como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente». De esta forma, la agencia pública admitía que no tenía más remedio que reducir de forma «apreciable» su oferta formativa y ocupacional para adaptarla a «nuestras capacidades de ejecución, sin recurrir a nuevas contrataciones». Una maniobra que, además de suponer una reducción drástica de plantilla que afecta al 22% del total de personas ocupadas en Barcelona Activa, abre la puerta a lo que desde el Sindicato de Profesionales de la Ocupación en Cataluña (SPOC) consideran «un verdadero proceso de privatización de un servicio esencial para la ciudadanía en un momento de gran trascendencia, cuando más de 445.000 personas en toda Cataluña, 85.486 en la ciudad de Barcelona en el mes de junio, están sin trabajo y muchas más pueden perderla a medida que algunos expedientes temporales de empleo puedan convertirse en despidos colectivos o individuales».
Más demanda, menos recursos
El conflicto laboral desatado a raíz de la no renovación de los contratos temporales- que llevó la plantilla a celebrar una jornada de huelga el pasado 23 de julio- llega, precisamente, en un momento de creciente demanda de los servicios de la agencia municipal por parte de la ciudadanía de Barcelona. Así, y según datos hechos públicos por la propia Barcelona Activa, el número de usuarios que hicieron uso de los servicios de la agencia durante el primer semestre de 2021 aumentó un 9% respecto a las cifras del año pasado. Incremento mucho más acentuado en lo que respecta a las empresas que requirieron de asesoramiento y apoyo por parte de Barcelona Activa. En este caso, el aumento respecto al primer semestre 2020 es del 32%. En total, durante los primeros 6 meses de 2021, 36.915 personas y más de 5000 empresas recibieron atención por parte de la agencia municipal dedicada al fomento del empleo y el desarrollo económico de la ciudad.
Temporalidad fraudulenta y extinciones encubiertas
«A pesar de la apariencia de finalizaciones de contratos temporales, en nuestra opinión estamos ante verdaderos despidos sin causa que no sólo consideramos improcedentes sino nulos de pleno derecho», explica el abogado Natxo Parra, socio de Colectivo Ronda responsable de las demandas presentadas por las técnicas del proyecto Singulares. El abogado señala que «la legislación laboral limita a unos pocos supuestos el uso legal de la contratación temporal que tienen que ver, básicamente, con la aparición de necesidades imprevisibles de servicio o con la singularidad de las tareas a realizar. Pero en ningún caso es legal cubrir con contratos temporales las necesidades permanentes y estructurales de una empresa, sea ésta pública o privada. Es evidente -prosigue el abogado- que la ejecución de las políticas activas de empleo es la razón de ser de Barcelona Activa, el verdadero núcleo central de sus funciones y, por tanto, por mucho que hablemos de proyectos acotados en el tiempo y sujetos a financiación temporal, estamos ante un grupo de profesionales que realizan funciones básicas y estructurales que deberían estar contratadas de forma indefinida».
«Partiendo de que la temporalidad es fraudulenta, las extinciones deben ser consideradas nulas porque Barcelona Activa intenta rehuir la obligación legal de canalizar los despidos por la vía de un procedimiento colectivo», añade el abogado. «Y también reclamamos la nulidad porque Barcelona Activa informó la plantilla que no renovaría los contratos por las 'recientes sentencias' que la condenaban. En este contexto, la falta de renovación sólo puede ser entendida como una maniobra para evitar que otras personas afectadas por las mismas circunstancias puedan ejercer sus derechos ante un tribunal y esto supone un abuso de derecho que justifica la nulidad de actuaciones» .
En relación con este punto de conflicto, Natxo Parra recuerda que «el uso fraudulento de la temporalidad por parte de Barcelona Activa es un problema cronificado, como lo demuestra que las primeras sentencias obtenidas por nuestro despacho que condenan la agencia municipal por la utilización ilegal de contratos de obra y servicio son del año 2000». A pesar de estas dos décadas de recurrentes reproches judiciales en Barcelona Activa "en vez de adecuar la política de contrataciones al marco legal vigente -retoma el abogado- se ha construido un sistema para mantener a este colectivo de profesionales en una situación de eterna temporalidad, incluyendo un ciclo de rotaciones para evitar la concatenación de contratos de duración determinada. Es una vulneración permanente de los derechos laborales de buena parte de la plantilla de Barcelona Activa como ahora lo vuelve a ser la pretensión de extinguir estos puestos de trabajo sin causa y rehuyendo las obligaciones que corresponderían a la empresa. Y todo ello con el agravante de que estamos ante una empresa pública dedicada a fomentar el empleo».
