La empresa accedió a negociar las extinciones con posterioridad a que la plantilla convocara una huelga e iniciara una campaña de denuncia de la situación de falta de ingresos reclamando que Mopavid cumpliera con el obligación de abonar la totalidad de los salarios adeudados
Fotografía: El Periódico de Cataluña
..............................................
RESUMEN:
La plantilla de la empresa MOPAVID, ubicada en el polígono Can Ribó de Badalona, ha alcanzado un acuerdo con la dirección de la compañía, la única del Estado dedicada a la fabricación de moldes para la industria del vidrio, para la extinción de la totalidad de los 65 contratos de trabajo que hasta ahora mantenía. De esta forma, los integrantes de la plantilla podrán comenzar los trámites para acceder a la prestación de paro y poner fin a la insostenible situación de falta de ingresos que sufren desde el pasado mes de julio, cuando dejaron de percibir la nómina y la paga extra.
..............................................
El próximo 17 de octubre se hará efectivo el despido de las 65 personas que integran la plantilla de Mopavid, asesoradas por Colectivo Ronda, después de que los representantes de los trabajadores y la dirección de la plantilla badalonesa alcanzaran un acuerdo durante el periodo de consultas del expediente de despido colectivo iniciado por la compañía el pasado 17 de septiembre.
El acuerdo negociado permitirá a los trabajadores y trabajadoras de Mopavid poder acceder a la prestación de desempleo, solicitar al FOGASA una parte de los salarios dejados de cobrar y percibir una indemnización tras largos meses privados de ingresos desde que en el mes de julio y hasta el momento presente dejaron de cobrar su nómina. Una situación que supuso el definitivo agravamiento de la dinámica de impagos parciales y retrasos en la percepción de las mensualidades iniciado en diciembre del pasado año, a pesar de que la empresa no llegó a paralizar en ningún momento su actividad como consecuencia de la pandemia.
Los trabajadores reclamaban una solución
Para la plantilla de Mopavid, los despidos suponen «la única salida viable tras constatar que la empresa no tenía posibilidades de hacer frente a sus compromisos salariales». De hecho, recuerdan que ya realizaron una huelga a principios de septiembre reclamando los importes debidos o, en su defecto, el inicio de un proceso de despido colectivo. «Evidentemente, la máxima prioridad hubiera sido mantener los puestos de trabajo y seguir adelante con la actividad de una empresa que podría haber sido competitiva y rentable con las inversiones necesarias, pero resultaba imposible seguir durante más tiempo como lo hemos venido haciendo estos últimos meses, privados de ingresos y sin posibilidad de dejar el trabajo porque eso hubiera supuesto la denegación de la prestación de desempleo», analizan los representantes de los trabajadores.
José Antonio González, abogado de Colectivo Ronda que, junto con el también letrado Josep Pérez, forma parte del equipo que ha asesorado la plantilla en este proceso, lamenta que, finalmente, la única solución para remediar la presente situación haya sido el despido de unos trabajadores que, de media, acumulan una antigüedad en la empresa cercana a los 20 años y que en muchos casos se ven abocados al paro con una edad que puede dificultar la reincorporación al mundo laboral . En este sentido, el abogado critica con dureza «la desprotección de los trabajadores y las trabajadoras ante situaciones de impagos graves y reiterados como sucedía en Mopavid». Por su parte, Josep Pérez explica que «un trabajador al que no pagan la nómina sólo puede reclamar judicialmente cuando el incumplimiento es grave, habitualmente, un mínimo de tres nóminas de atraso. E incluso entonces, si lo que quiere es instar la resolución de su contrato para poder buscar otra hacía o acceder al paro tendrá que esperar muchos meses más antes de obtener una sentencia. Durante este tiempo, no podría abandonar el trabajo o se consideraría una dimisión y perdería el derecho a percibir el paro. Es una verdadera locura que obliga a los trabajadores afectados a terminar renunciando a sus derechos porque resulta imposible vivir tantos meses sin ingresos». Una situación que vivió la plantilla de Mopavid y que provocó «verdaderos dramas, con gente amenazada de desahucio o con problemas serios para poder comer a diario», recuerdan sus representantes.
Necesidad de una reforma legislativa
«En estos casos, el desequilibrio entre los derechos y obligaciones respectivas de trabajadores y empresa es abrumador. Si un trabajador incumple sus obligaciones, las consecuencias en forma de sanciones o despidos son inmediatas, mientras que si es una empresa la que incumple una obligación primordial como es pagar a sus empleados, debemos recurrir obligatoriamente a los juzgados y sufrir una dilación que casi siempre es inasumible para la persona afectada, que es quien carga con todas las consecuencias negativas», prosigue Josep Pérez. «Estamos notando un incremento de casos graves de impago», enfatiza su compañero José Antonio González, quien considera que este hecho podría tener relación «con la prolongación excepcionalmente establecida a raíz de la crisis sanitaria de los plazos legalmente fijados para que las empresas con dificultades económicas se declaren en situación de concurso de acreedores. Una medida que pretende favorecer la continuidad de empresas que esperan recuperarse cuando dejen de notarse los efectos de la Covid pero que, a estas alturas, permite la existencia de compañías que no son viables pero se niegan a cerrar sus puertas mientras mantienen sus plantillas sin cobrar, esperando que llegado el momento en que sea inevitable presentar concurso, la mayoría de sus trabajadores hayan marchado y se puedan ahorrar el coste de las indemnizaciones que les corresponderían».
