11-N. Huelga general por el derecho a la vivienda y a una vida digna [Manifiesto]

La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y precariedad de nuestra sociedad. El incremento continuado de los precios del alquiler, las crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna, los desahucios, la inseguridad residencial y la conversión de un derecho en una mercancía especulativa condenan a miles de personas y familias a vivir en una situación de vulnerabilidad permanente.

Para una parte cada vez más importante de la población, tener un trabajo ya no garantiza poder pagar una vivienda. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los alquileres y el coste de la vida, y muchas personas se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a mantener un techo.

Una realidad que afecta especialmente a las personas jóvenes, las familias con menos recursos, las personas migrantes y las mujeres, que a menudo sufren con mayor intensidad la precariedad laboral y residencial.

No podemos hablar de trabajo digno si los salarios no permiten vivir dignamente. Ni podemos hablar de derechos sociales mientras el acceso a la vivienda siga condicionado por la capacidad económica de las personas y por los intereses especulativos.

La vivienda es un derecho, no un negocio

Desde Colectivo Ronda llevamos décadas trabajando en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y de los colectivos más vulnerables. Esta experiencia nos ha permitido constatar que el debilitamiento de los derechos laborales, la precariedad económica y las dificultades de acceso a la vivienda son realidades profundamente relacionadas.

Como cooperativa jurídica, defendemos que el derecho a una vivienda digna no puede quedar subordinado a la rentabilidad del mercado inmobiliario. La vivienda es una necesidad esencial y un derecho reconocido que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger y garantizar.

Por ello, compartimos las reivindicaciones del movimiento por la vivienda y de los sindicatos convocantes de la huelga: una reducción efectiva de los precios del alquiler, medidas contra la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de viviendas, la ampliación sustancial del parque público, la protección frente a los desahucios y los abusos, y la garantía de estabilidad residencial.

También la necesidad de reforzar los derechos colectivos de las personas inquilinas y de defender salarios, pensiones y servicios públicos que permitan vivir con dignidad.

Son necesarios cambios estructurales que sitúen las necesidades de las personas por delante de los beneficios económicos derivados de la vivienda. Y es necesario que estos cambios vayan acompañados de mecanismos efectivos de protección jurídica, de políticas públicas valientes y de la capacidad de organización colectiva de la ciudadanía.

Junto al Sindicat de Llogateres y al movimiento por la vivienda

Nuestra adhesión a la huelga también es una expresión del compromiso que mantenemos con el Sindicat de Llogateres, al que prestamos apoyo jurídico en la defensa de los derechos de las personas inquilinas. Desde el ámbito jurídico sabemos que la defensa del derecho a la vivienda requiere herramientas legales para combatir los abusos, denunciar las prácticas contrarias a la normativa y proteger a las personas frente a situaciones de indefensión. Pero también sabemos que los derechos no se garantizan únicamente en los tribunales.

Muchos de los avances sociales y laborales que hoy consideramos imprescindibles son fruto de la organización colectiva, de la movilización y de la lucha sostenida de las personas afectadas.

El movimiento por la vivienda ha demostrado que la acción sindical y comunitaria es una herramienta fundamental para defender derechos, evitar que cada día haya más personas expulsadas de sus hogares y conseguir cambios que trasciendan los conflictos individuales.

La huelga del 11 de noviembre representa una confluencia del movimiento por la vivienda y del sindicalismo laboral, que comparten una misma reivindicación de fondo: el derecho de las personas a vivir dignamente de su trabajo y a disponer de una vivienda segura y asequible.

Desde Col·lectiu Ronda consideramos que esta movilización también interpela a los profesionales y a las organizaciones del sector jurídico. Nuestro trabajo consiste en defender derechos, pero este compromiso no puede limitarse a la actividad cotidiana de los despachos o a la intervención ante los juzgados. Como cooperativa de trabajo asociado, entendemos el ejercicio del derecho como una herramienta al servicio de la transformación social.

Por ello, nos sumamos a las voces del sector jurídico que apoyan la huelga y reivindicamos la necesidad de una justicia accesible, efectiva y comprometida con la protección de los derechos fundamentales.

Cerramos nuestros despachos para sumarnos a las reivindicaciones

El 11 de noviembre cerraremos nuestros despachos y nos sumaremos a la jornada de huelga general, como muestra de solidaridad con las personas que sufren las consecuencias de la crisis de la vivienda y con todas las organizaciones que trabajan para revertir esta situación. El problema de la vivienda no es una realidad inevitable. Es una cuestión social y colectiva que exige respuestas políticas, legislativas y económicas a la altura de las necesidades de la población.

Nos sumamos a la huelga porque queremos una sociedad en la que trabajar permita vivir dignamente, en la que nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler o cubrir las necesidades básicas, y en la que la vivienda deje de ser una fuente de especulación y exclusión.

El 11 de noviembre, Col·lectiu Ronda hacemos huelga. Por la vivienda, por los derechos laborales y por el derecho a una vida digna.