Concurso COEMAC: Lucharemos por las indemnizaciones

La sucesora de la antigua URALITA solicita concurso voluntario de acreedores

Comunicado de Colectivo Ronda en relación al anuncio por parte de COEMAC, sucesora de la antigua URALITA, de presentar solicitud de concurso voluntario de acreedores

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A raíz del anuncio por parte de Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA ( «COEMAC»), la antigua URALITA, de presentar solicitud de concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad, según el texto registrado como hecho relevante ante la CNMV, «de hacer frente a las reclamaciones derivadas de la fabricación de fibrocemento con amianto», desde Colectivo Ronda consideramos importante realizar las siguientes manifestaciones:

a. El concurso voluntario de acreedores no implica necesariamente que el grupo empresarial se encuentre en situación de insolvencia irreversible ni comporta per se voluntad de extinción de la actividad empresarial sino que puede orientarse a una gestión ordenada de los recursos para preservar la viabilidad y asegurar, precisamente, que la empresa responda a sus compromisos de diversa índole, incluyendo, por supuesto, las obligaciones que emanan de resoluciones judiciales como lo son las indemnizaciones a las víctimas del amianto afectadas por la actividad de Uralita.

En este sentido, una parte trascendente de las responsabilidades del administrador concursal que se designe en caso de tramitación del concurso solicitado es preservar el legítimo interés de los acreedores, categoría donde se incluyen las personas que tienen reconocido judicialmente el derecho a ser indemnizados por las patologías causadas por la exposición e inhalación de fibras de amianto.

b. La solicitud de concurso presentada no afecta a la totalidad de sociedades del grupo, sobre las que recae la actividad productiva y que, según la propia COEMAC, han obtenido cifras record de ventas y beneficios durante el año 2019.

A partir de estas premisas esenciales, desde Colectivo Ronda queremos dirigir un mensaje de tranquilidad respecto a las posibilidades de cobro de las indemnizaciones impuestas a COEMAC en vía judicial en calidad de sucesora de URALITA, principal importador de amianto y productor de fibrocemento en España, para que las manifestaciones de la empresa no provoquen desánimo y angustia.

Nuestra cooperativa hace más de 30 años luchando por el reconocimiento de las víctimas del amianto. Un largo camino judicial que ha servido para establecer de forma inequívoca la responsabilidad de URALITA sobre cientos de casos de defunciones y enfermedades, incluyendo personas sin ningún tipo de vínculo laboral, ni directo ni indirecto, con la empresa. A nuestro entender, la solicitud de concurso voluntario de acreedores podría pretender ejercer un efecto disuasorio sobre las justas reclamaciones de las personas afectadas por el amianto, trasladando a la opinión pública la percepción carente de fundamento de que las indemnizaciones impuestas por los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo español, nunca serán abonadas por parte de una empresa que obtuvo ganancias millonarias durante décadas desde una posición de absoluto desprecio por la salud y seguridad de sus trabajadores.

El legado de URALITA es un testamento hecho de muerte y sufrimiento. El amianto se ha cobrado miles de víctimas en España, la mayoría sin llegar a obtener más reconocimiento para sus patologías, y seguirán provocando defunciones hasta al menos el año 2040, dado los largos periodos de latencia de las enfermedades causadas por el asbesto.

Las posibles dificultades financieras de COEMAC no pueden ser en ningún caso una fórmula para eludir la responsabilidad derivada de sus prácticas empresariales y el incumplimiento reiterado de la obligación de velar y proteger la salud de sus trabajadores, sus familias y las personas que han vivido y/o trabajado en los alrededores de fábricas de Uralita ubicadas en localidades como Cerdanyola y Getafe o la antigua Rocalla en Castelldefels. Es por ello que en perspectiva que la solicitud de concurso de acreedores presentada el pasado 30 de enero sea aceptada, desde Colectivo Ronda anunciamos que nos mantendremos absolutamente vigilantes para que COEMAC satisfaga sus obligaciones indemnizatorias presentes y futuras utilizando todos los instrumentos legales a nuestro alcance para preservar el derecho de las víctimas y sus familias a ver resarcido el daño sufrido.

La situación vivida por COEMAC vuelve a enfrentarnos a la necesidad urgente e imperiosa que de una vez por todas se apruebe la creación de un fondo público de compensación para las víctimas del amianto tal y como ya existe en otros países de la Unión Europea como Francia. Actualmente, España presenta las mayores cifras de infradiagnosi y falta de reconocimiento administrativo del daño causado por la exposición al asbesto. Desgraciadamente, ya diferencia de lo que sucede en Estados que sí asumen su responsabilidad respecto la vida y la salud de estas personas, las víctimas españolas del amianto se ven obligadas a acudir a los tribunales y afrontar largos procedimientos judiciales para obtener las prestaciones y derechos que les corresponden tanto a ellos como a sus familias. Un camino al que se pueden añadir dificultades adicionales derivadas de la solicitud de concurso de acreedores presentada por la antigua URALITA sin que, de momento, la clase política española adquiera compromisos firmes y tangibles en el sentido de crear mecanismos reparadores en beneficio de las personas afectadas por el amianto.

La sucesora de la antigua URALITA solicita concurso voluntario de acreedores

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A raíz del anuncio por parte de Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA ( «COEMAC»), la antigua URALITA, de presentar solicitud de concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad, según el texto registrado como hecho relevante ante la CNMV, «de hacer frente a las reclamaciones derivadas de la fabricación de fibrocemento con amianto», desde Colectivo Ronda consideramos importante realizar las siguientes manifestaciones:

a. El concurso voluntario de acreedores no implica necesariamente que el grupo empresarial se encuentre en situación de insolvencia irreversible ni comporta per se voluntad de extinción de la actividad empresarial sino que puede orientarse a una gestión ordenada de los recursos para preservar la viabilidad y asegurar, precisamente, que la empresa responda a sus compromisos de diversa índole, incluyendo, por supuesto, las obligaciones que emanan de resoluciones judiciales como lo son las indemnizaciones a las víctimas del amianto afectadas por la actividad de Uralita.

En este sentido, una parte trascendente de las responsabilidades del administrador concursal que se designe en caso de tramitación del concurso solicitado es preservar el legítimo interés de los acreedores, categoría donde se incluyen las personas que tienen reconocido judicialmente el derecho a ser indemnizados por las patologías causadas por la exposición e inhalación de fibras de amianto.

b. La solicitud de concurso presentada no afecta a la totalidad de sociedades del grupo, sobre las que recae la actividad productiva y que, según la propia COEMAC, han obtenido cifras record de ventas y beneficios durante el año 2019.

A partir de estas premisas esenciales, desde Colectivo Ronda queremos dirigir un mensaje de tranquilidad respecto a las posibilidades de cobro de las indemnizaciones impuestas a COEMAC en vía judicial en calidad de sucesora de URALITA, principal importador de amianto y productor de fibrocemento en España, para que las manifestaciones de la empresa no provoquen desánimo y angustia.

Nuestra cooperativa hace más de 30 años luchando por el reconocimiento de las víctimas del amianto. Un largo camino judicial que ha servido para establecer de forma inequívoca la responsabilidad de URALITA sobre cientos de casos de defunciones y enfermedades, incluyendo personas sin ningún tipo de vínculo laboral, ni directo ni indirecto, con la empresa. A nuestro entender, la solicitud de concurso voluntario de acreedores podría pretender ejercer un efecto disuasorio sobre las justas reclamaciones de las personas afectadas por el amianto, trasladando a la opinión pública la percepción carente de fundamento de que las indemnizaciones impuestas por los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo español, nunca serán abonadas por parte de una empresa que obtuvo ganancias millonarias durante décadas desde una posición de absoluto desprecio por la salud y seguridad de sus trabajadores.

El legado de URALITA es un testamento hecho de muerte y sufrimiento. El amianto se ha cobrado miles de víctimas en España, la mayoría sin llegar a obtener más reconocimiento para sus patologías, y seguirán provocando defunciones hasta al menos el año 2040, dado los largos periodos de latencia de las enfermedades causadas por el asbesto.

Las posibles dificultades financieras de COEMAC no pueden ser en ningún caso una fórmula para eludir la responsabilidad derivada de sus prácticas empresariales y el incumplimiento reiterado de la obligación de velar y proteger la salud de sus trabajadores, sus familias y las personas que han vivido y/o trabajado en los alrededores de fábricas de Uralita ubicadas en localidades como Cerdanyola y Getafe o la antigua Rocalla en Castelldefels. Es por ello que en perspectiva que la solicitud de concurso de acreedores presentada el pasado 30 de enero sea aceptada, desde Colectivo Ronda anunciamos que nos mantendremos absolutamente vigilantes para que COEMAC satisfaga sus obligaciones indemnizatorias presentes y futuras utilizando todos los instrumentos legales a nuestro alcance para preservar el derecho de las víctimas y sus familias a ver resarcido el daño sufrido.

La situación vivida por COEMAC vuelve a enfrentarnos a la necesidad urgente e imperiosa que de una vez por todas se apruebe la creación de un fondo público de compensación para las víctimas del amianto tal y como ya existe en otros países de la Unión Europea como Francia. Actualmente, España presenta las mayores cifras de infradiagnosi y falta de reconocimiento administrativo del daño causado por la exposición al asbesto. Desgraciadamente, ya diferencia de lo que sucede en Estados que sí asumen su responsabilidad respecto la vida y la salud de estas personas, las víctimas españolas del amianto se ven obligadas a acudir a los tribunales y afrontar largos procedimientos judiciales para obtener las prestaciones y derechos que les corresponden tanto a ellos como a sus familias. Un camino al que se pueden añadir dificultades adicionales derivadas de la solicitud de concurso de acreedores presentada por la antigua URALITA sin que, de momento, la clase política española adquiera compromisos firmes y tangibles en el sentido de crear mecanismos reparadores en beneficio de las personas afectadas por el amianto.