Salud
Los poderes públicos tienen la obligación, recogida en la Constitución, de velar por el derecho a la propia salud adoptando las medidas preventivas que sean necesarias y preservando el correcto funcionamiento de prestaciones y servicios sanitarios, así como el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que nos asegure asistencia y protección frente a situaciones de necesidad.
Así lo dice la Ley. Desgraciadamente, no siempre se cumplen estas estrictas obligaciones que afectan a un ámbito tan esencial como es el de la salud y el bienestar físico.
