Las marcas sancionadas representan la práctica totalidad del mercado automovilístico en España, aunque existen diferencias entre ellas. En su momento, la CNMC impuso sanciones a: Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Skoda y Toyota.

Además, también se consideró que habían participado de este cártel las empresas del Grupo Volkswagen, incluyendo SEAT y Audi. Estos fabricantes no fueron sancionados económicamente porque la información que proporcionaron permitió desvelar la existencia del cártel. Sin embargo, a pesar de no ser multadas como el resto, mantienen su responsabilidad respecto a los consumidores afectados.

Pueden hacerlo quienes adquirieran un vehículo de las marcas señaladas en el período comprendido entre abril de 2006 y agosto de 2013. Empresas y autónomos también pueden instar su reclamación así como las personas que constituyeron un leasing o renting.

En caso de haber comprado el vehículo durante estos años y haberlo vendido posteriormente, se mantiene la posibilidad de reclamar acreditando documentalmente la transacción, tal y como después explicaremos.

La respuesta a esta pregunta depende de múltiples factores y estará determinada por el momento de la compra, la marca y el coste del vehículo. Sin embargo, orientativamente, es razonable considerar que el importe a recuperar estará entre el 10% y el 12% del precio del automóvil. Una cantidad a incrementar con los correspondientes intereses generados desde el momento de la compra.

El plazo máximo para interponer nuestra reclamación será de un año. Este período se contabiliza a partir del momento en que la sanción impuesta al fabricante de nuestro vehículo deviene firme. Por tanto, cuando el Tribunal Supremo resuelve los recursos presentados por el fabricante. Las primeras sentencias del Tribunal Supremo se dictaron en abril y en los próximos meses se dictarán el resto de sentencias. Por ello, es importante interrumpir el plazo de prescripción e iniciar las acciones judiciales a la mayor brevedad.

Nuestra cooperativa actuará en defensa de los consumidores afectados por el cartel automovilístico en colaboración con la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, entidad con la que hemos trabajado en diversas ocasiones en distintos ámbitos y conflictos que han implicado un gran número de personas perjudicadas.
 

Actuar como socios y socias de ASUFIN comporta múltiples ventajas para las personas que quieren reclamar por el sobrecoste de su vehículo:

• a) Permite unirse a reclamaciones colectivas, con lo que se reduce el coste económico

• b) Como miembros asociados de una organización dedicada a la defensa de los consumidores, nos permite obtener el beneficio de la justicia gratuita y mantenernos exentos del riesgo de abonar costas judiciales. El coste económico de ser socio adherido de ASUFIN es de sólo 10€ al año

Para participar de estas reclamaciones es necesario aportar:

• Factura de compra o, en caso de leasing o renting, copia de la póliza suscrita con la entidad financiera
• Certificado o documento bancario de transferencia o pago del vehículo al concesionario
• Ficha técnica y permiso de circulación del vehículo
• Hoja de encargo y autorización a Asufin con los datos y la firma de la persona titular del vehículo.

Si el vehículo ya no es de nuestra propiedad, también será necesario adjuntar la documentación referente a la venta, traspaso o cambio de titularidad

Al margen de las características concretas de cada caso particular, el coste de reclamar la devolución de los importes correspondientes al sobrecoste aplicado a nuestros vehículos será el mismo para todos: un 20% de la cantidad efectivamente recuperada + IVA.