Salud

Salud

Los poderes públicos tienen la obligación, recogida en la Constitución, de velar por el derecho a la propia salud adoptando las medidas preventivas que sean necesarias y preservando el correcto funcionamiento de prestaciones y servicios sanitarios, así como el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que nos asegure asistencia y protección frente a situaciones de necesidad.

Así lo dice la Ley. Desgraciadamente, no siempre se cumplen estas estrictas obligaciones que afectan a un ámbito tan esencial como es el de la salud y el bienestar físico.

Infradiagnosis de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo no reconocidos, conflictos con las mutuas, altas médicas injustificadas, actuaciones lesivas de derechos por parte de organismos públicos, atención sanitaria insuficiente, prestaciones no concedidas, incumplimiento de la normativa en materia de prevención y protección de la salud de trabajadores y trabajadoras, presencia abusiva de contaminantes en nuestro entorno... Las posibilidades de conflicto son muchas, y es necesario contar con profesionales expertos para defender el derecho inalienable a la vida y a la salud.

Especialidades

Casos

Ver todo

Noticias relacionadas

  • Condena a Roca por amianto

    El Juzgado Social 25 de Barcelona considera la empresa Roca Sanitarios responsable de la situación de Gran Invalidez de un antiguo trabajador de la fábrica de Gavà, actualmente muerto, afectado por un mesotelioma pleural, patología que tiene como única causa conocida la inhalación de fibras de amianto. La sentencia fundamenta sus conclusiones en un contundente informe de Inspección de Trabajo que establece que «Roca Sanitarios no ha realizado ninguna medida preventiva destinada a eliminar o reducir la exposición de los trabajadores al polvo de amianto» y califica la situación vivida en la fábrica de Gavà como de «ausencia total y absoluta de medidas preventivas por los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto».

    Leer más...
  • Cabify condenada

    El Juzgado Social 2 de Barcelona ha condenado a la empresa Vector Ronda -propiedad de Cabify- ha readmitir en su puesto de trabajo y a indemnizar a un ex-conductor despedido dos días después de que acudiera a Inspección de Trabajo para denunciar irregularidades por parte de la empresa a la hora de determinar sus condiciones laborales.

    Leer más...
  • Obligación de registrar la jornada

    El Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, incorpora la obligación para las empresas de garantizar el registro diario de la jornada y reflejar el horario «concreto» de inicio y finalización.

    Leer más...
Ver todo