Menos de un año para reclamar por los productos comercializados por Bankpime


El próximo 7 de octubre de 2020 finaliza el plazo máximo para reclamar por la comercialización de los productos de la antigua Bankpime que perdieron su valor entre los años 2008 y 2009, con la entrada en situación de concurso de acreedores de la constructora Fergo Aisa y la quiebra de los bancos Lehman Brothers, Kaupthing y Landsbanki.

.............................................

En los años previos a su adquisición por parte de la actual Caixabank en el año 2011, el antiguo Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime) fue una de las entidades más activas a la hora de comercializar entre sus clientes todo tipo de derivados financieros y productos complejos de inversión tales como bonos de la constructora Fergo Aisa o preferentes de Lehman Brothers y los bancos islandeses Kaupthing y Landsbanki, entre otros.

Fue, precisamente, la quiebra en 2008 del gigante estadounidense Lehman Brothers el verdadero punto de partida para la crisis económica global y del sistema financiero que afectó de forma crítica al valor de los productos de alto riesgo comercializados por Bankpime entre clientes de perfil minorista que en la mayoría de casos no eran conscientes de estar expuestos a la posibilidad de unas pérdidas que se materializaron definitivamente entre el mismo año 2008 y 2009.

Modificación del Código Civil en materia de prescripción

El 7 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 42/2015 que reformaba la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir de 15 a 5 años el plazo de prescripción para las denominadas «acciones personales» entre las que se encuentran, por ejemplo, las reclamaciones de deudas derivadas de incumplimientos de contratos o los derivados de relaciones mercantiles, comerciales o de prestación de servicios, incluyendo las acciones que pueden emprender los afectados por la comercialización de los productos financieros a quienes no se facilitara toda la información necesaria para ponderar los riesgos asumidos a través de sus decisiones.

La aprobación de la norma, que suponía reducir el plazo de prescripción los 15 años vigentes hasta ese momento a tan solo 5 años, llegó acompañada de un régimen transitorio especial que señalaba que, en el caso de las reclamaciones relacionadas con relaciones jurídicos nacidas entre octubre de 2005 y la entrada en vigor de la nueva ley, la caducidad de 5 años se computaba a partir de la aprobación de la norma y no desde el momento de suscribir el contrato de adquisición o de la fecha de resolución del mismo.

Es de esta norma y, especialmente, del régimen transitorio que la acompañaba de donde nace la fecha límite del próximo 7 de octubre de 2020 como plazo máximo para reclamar por la comercialización de los productos de la antigua Bankpime que perdieron su valor entre los años 2008 y 2009, con la entrada en situación de concurso de acreedores de la constructora Fergo Aisa y la quiebra de los bancos Lehman Brothers, Kaupthing y Landbanski.

Caixabank debe responder por las reclamaciones contra Bankpime

Durante años, Caixabank, sucesora de la desaparecida Bankpime tras de adquirir la totalidad del «negocio bancario» de la entidad, rechazó la pretensión de compensación de los afectados por la comercialización irregular de derivados financieros de alto riesgo argumentando que el contrato de compra-venta del banco incorporaba una cláusula que la exoneraba de responsabilidad sobre las futuras reclamaciones que se pudieran interponer relacionadas con incumplimientos contractuales o extracontractuales por parte de Bankpime. Afortunadamente, tal y como siempre reclamamos desde el Colectivo Ronda, este argumento fue definitivamente desestimado por el Tribunal Supremo en 2017 en una sentencia donde establecía que «Caixabank debe responder ante los demandantes de igual forma y con idéntico alcance al que lo haría Bankpime» abriendo la puerta a las resoluciones judiciales posteriores que han obligado Caixabank a responder por las reclamaciones por daños y perjuicios y las acciones de nulidad interpuestas por miles de clientes afectados por la masiva comercialización de productos financieros complejos y de alto riesgo que Bankpime realizó entre sus clientes.

Muchas demandas todavía por interponer

A pesar de la luz verde otorgada por el Tribunal Supremo a las reclamaciones por las prácticas irregulares y fraudulentas de la antigua Bankpime, todavía son miles los afectados por estos productos que no han interpuesto demandas para recuperar su dinero, en muchos casos por la incertidumbre que rodeaba la cuestión de quién era responsable una vez desaparecida la histórica entidad en el año 2011. Una incógnita que, como vemos, el Alto Tribunal ha resuelto de forma favorable a los intereses de los afectados, propiciando un gran número de sentencias condenatorias contra Caixabank en calidad de sucesora universal de la entidad catalana, la mayoría relacionadas con los bonos de Fergo Aisa. Precisamente, nuestro despacho obtuvo, en 2013, la primera sentencia dictada en todo el Estado español que acreditaba la falta de transparencia y vulneración del principio de debida diligencia por parte de Bankpime a la hora de ofrecer los bonos de la constructora incumpliendo las obligaciones de ofrecer a los clientes información detallada y precisa sobre los riesgos de incurrir en situación de pérdidas del capital.

Resueltas las últimas incógnitas sobre la responsabilidad de Caixabank y acreditadas las irregularidades cometidas por Bankpime, el último obstáculo para optar a la recuperación del dinero perdido es el plazo de prescripción que, como explicábamos al inicio del artículo, finaliza el 7 de octubre de 2020.

.............................................

En los años previos a su adquisición por parte de la actual Caixabank en el año 2011, el antiguo Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime) fue una de las entidades más activas a la hora de comercializar entre sus clientes todo tipo de derivados financieros y productos complejos de inversión tales como bonos de la constructora Fergo Aisa o preferentes de Lehman Brothers y los bancos islandeses Kaupthing y Landsbanki, entre otros.

Fue, precisamente, la quiebra en 2008 del gigante estadounidense Lehman Brothers el verdadero punto de partida para la crisis económica global y del sistema financiero que afectó de forma crítica al valor de los productos de alto riesgo comercializados por Bankpime entre clientes de perfil minorista que en la mayoría de casos no eran conscientes de estar expuestos a la posibilidad de unas pérdidas que se materializaron definitivamente entre el mismo año 2008 y 2009.

Modificación del Código Civil en materia de prescripción

El 7 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 42/2015 que reformaba la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir de 15 a 5 años el plazo de prescripción para las denominadas «acciones personales» entre las que se encuentran, por ejemplo, las reclamaciones de deudas derivadas de incumplimientos de contratos o los derivados de relaciones mercantiles, comerciales o de prestación de servicios, incluyendo las acciones que pueden emprender los afectados por la comercialización de los productos financieros a quienes no se facilitara toda la información necesaria para ponderar los riesgos asumidos a través de sus decisiones.

La aprobación de la norma, que suponía reducir el plazo de prescripción los 15 años vigentes hasta ese momento a tan solo 5 años, llegó acompañada de un régimen transitorio especial que señalaba que, en el caso de las reclamaciones relacionadas con relaciones jurídicos nacidas entre octubre de 2005 y la entrada en vigor de la nueva ley, la caducidad de 5 años se computaba a partir de la aprobación de la norma y no desde el momento de suscribir el contrato de adquisición o de la fecha de resolución del mismo.

Es de esta norma y, especialmente, del régimen transitorio que la acompañaba de donde nace la fecha límite del próximo 7 de octubre de 2020 como plazo máximo para reclamar por la comercialización de los productos de la antigua Bankpime que perdieron su valor entre los años 2008 y 2009, con la entrada en situación de concurso de acreedores de la constructora Fergo Aisa y la quiebra de los bancos Lehman Brothers, Kaupthing y Landbanski.

Caixabank debe responder por las reclamaciones contra Bankpime

Durante años, Caixabank, sucesora de la desaparecida Bankpime tras de adquirir la totalidad del «negocio bancario» de la entidad, rechazó la pretensión de compensación de los afectados por la comercialización irregular de derivados financieros de alto riesgo argumentando que el contrato de compra-venta del banco incorporaba una cláusula que la exoneraba de responsabilidad sobre las futuras reclamaciones que se pudieran interponer relacionadas con incumplimientos contractuales o extracontractuales por parte de Bankpime. Afortunadamente, tal y como siempre reclamamos desde el Colectivo Ronda, este argumento fue definitivamente desestimado por el Tribunal Supremo en 2017 en una sentencia donde establecía que «Caixabank debe responder ante los demandantes de igual forma y con idéntico alcance al que lo haría Bankpime» abriendo la puerta a las resoluciones judiciales posteriores que han obligado Caixabank a responder por las reclamaciones por daños y perjuicios y las acciones de nulidad interpuestas por miles de clientes afectados por la masiva comercialización de productos financieros complejos y de alto riesgo que Bankpime realizó entre sus clientes.

Muchas demandas todavía por interponer

A pesar de la luz verde otorgada por el Tribunal Supremo a las reclamaciones por las prácticas irregulares y fraudulentas de la antigua Bankpime, todavía son miles los afectados por estos productos que no han interpuesto demandas para recuperar su dinero, en muchos casos por la incertidumbre que rodeaba la cuestión de quién era responsable una vez desaparecida la histórica entidad en el año 2011. Una incógnita que, como vemos, el Alto Tribunal ha resuelto de forma favorable a los intereses de los afectados, propiciando un gran número de sentencias condenatorias contra Caixabank en calidad de sucesora universal de la entidad catalana, la mayoría relacionadas con los bonos de Fergo Aisa. Precisamente, nuestro despacho obtuvo, en 2013, la primera sentencia dictada en todo el Estado español que acreditaba la falta de transparencia y vulneración del principio de debida diligencia por parte de Bankpime a la hora de ofrecer los bonos de la constructora incumpliendo las obligaciones de ofrecer a los clientes información detallada y precisa sobre los riesgos de incurrir en situación de pérdidas del capital.

Resueltas las últimas incógnitas sobre la responsabilidad de Caixabank y acreditadas las irregularidades cometidas por Bankpime, el último obstáculo para optar a la recuperación del dinero perdido es el plazo de prescripción que, como explicábamos al inicio del artículo, finaliza el 7 de octubre de 2020.