25-N: no faltan leyes, falta voluntad

25-N, la decidida lucha por erradicar las víctimas del orden patriarcal

51 mujeres asesinadas en España víctimas de la violencia machista de enero a octubre de 2019. Esta es la última estadística publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cifras de una lacra que continua siendo escalofriante. Pero sobre todo, vidas de mujeres truncadas por una violencia estructural que requiere, con urgencia y valentía, políticas públicas reales y más activas, así como voluntad de cambio, más allá de las meras palabras, en todos los ámbitos: gubernamental, jurídico, educativo y social.

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Denunciar esta lacra es el objetivo de cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que eligió Naciones Unidas en 1999. Desde entonces, se pusieron en marcha en todo el mundo varias iniciativas a través de los poderes públicos para intentar, precisamente, sensibilizar y acabar con este trágico goteo de víctimas. Pero no es suficiente. O no se ha hecho lo suficiente. Las víctimas mortales se suman al gran volumen de denuncias por violencia machista que, cada año, incluyen todo tipo de agresiones y abusos, y que son reflejo de la desigualdad y la perpetua situación de subordinación de las mujeres, demostrando, una vez más, que es necesario seguir haciendo hincapié en la recuperación de los derechos hacia las mujeres, un paso más para prevenir las violencias cotidianas que sufren.

Sin embargo, mientras la visión patriarcal invada nuestra cotidianidad, nada habrá cambiado. "El derecho en España tiene género, pero no es el femenino" precisamente, se decía recientemente desde la Asociación de Mujeres Jueces de España (AMJE). Es necesaria una visión que apele a los valores del feminismo -la lucha y esfuerzo por la conquista de derechos sin ningún tipo de discriminación- si no queremos caer en interpretaciones de la norma o razonamientos jurídicos que parece que entran en discusión con la lógica o banalicen el concepto mismo de violencia. La polémica sentencia de la Audencia Provincial de Navarra en el caso de la Manada es uno de los ejemplos. Pero desgraciadamente, hay más. Y no por falta de legislación. Sino por su interpretación.

El Estado español se sitúa precisamente como referente en materia de igualdad. Un compromiso que se lograba con la aprobación de la Ley1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género (consolidada por el Tribunal Constitucional en 2008) y la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Bases que deberían servir para lograr una mayor protección hacia las mujeres. Pero con demasiada frecuencia, el propio sistema y sus discursos estigmatizan y criminalizan, convirtiendo las víctimas en nuevas víctimas del propio pensamiento patriarcal. Por ello, la interpretación de la norma debe ir acompañada de una voluntad de medidas positivas que ayuden a contrarrestar y eliminar discriminaciones y violencias. La responsabilidad del mundo jurídico es clave, como también lo es la aplicación real de las políticas contra estas violencias o la erradicación de los discursos sesgados e irresponsables de algunos medios de comunicación.

Acciones como la huelga del 8-M evidencian la alerta ante la desigualdad y las violencias, con el empoderamiento de las mujeres, autoorganizadas desde el rechazo feminista a las agresiones, las discriminaciones y las políticas del miedo. Desde el AMJE también advierten: no se puede claudicar ante las amenazas de eliminación de aquello que las formaciones de ultraderecha han venido denominando hipócritamente "leyes liberticidas", pretendiendo un uso ilegítimo del Estado (el Tribunal Constitucional) para fines partidistas. Y desde la sociedad civil la denuncia viene precisamente de los sistemáticos incumplimientos en materia de prevención y la insuficiencia de recursos para un abordaje integral de las violencias. El persistente sesgo patriarcal que no ayuda a las víctimas. Y es que no faltan leyes o marcos reguladores -que bajo ningún concepto se pueden perder. Más bien faltan recursos, voluntades que permitan un trabajo sistémico, estructural y cotidiano que sea la base para decir de verdad: ni una menos.

25-N, la decidida lucha por erradicar las víctimas del orden patriarcal

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Denunciar esta lacra es el objetivo de cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que eligió Naciones Unidas en 1999. Desde entonces, se pusieron en marcha en todo el mundo varias iniciativas a través de los poderes públicos para intentar, precisamente, sensibilizar y acabar con este trágico goteo de víctimas. Pero no es suficiente. O no se ha hecho lo suficiente. Las víctimas mortales se suman al gran volumen de denuncias por violencia machista que, cada año, incluyen todo tipo de agresiones y abusos, y que son reflejo de la desigualdad y la perpetua situación de subordinación de las mujeres, demostrando, una vez más, que es necesario seguir haciendo hincapié en la recuperación de los derechos hacia las mujeres, un paso más para prevenir las violencias cotidianas que sufren.

Sin embargo, mientras la visión patriarcal invada nuestra cotidianidad, nada habrá cambiado. "El derecho en España tiene género, pero no es el femenino" precisamente, se decía recientemente desde la Asociación de Mujeres Jueces de España (AMJE). Es necesaria una visión que apele a los valores del feminismo -la lucha y esfuerzo por la conquista de derechos sin ningún tipo de discriminación- si no queremos caer en interpretaciones de la norma o razonamientos jurídicos que parece que entran en discusión con la lógica o banalicen el concepto mismo de violencia. La polémica sentencia de la Audencia Provincial de Navarra en el caso de la Manada es uno de los ejemplos. Pero desgraciadamente, hay más. Y no por falta de legislación. Sino por su interpretación.

El Estado español se sitúa precisamente como referente en materia de igualdad. Un compromiso que se lograba con la aprobación de la Ley1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género (consolidada por el Tribunal Constitucional en 2008) y la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Bases que deberían servir para lograr una mayor protección hacia las mujeres. Pero con demasiada frecuencia, el propio sistema y sus discursos estigmatizan y criminalizan, convirtiendo las víctimas en nuevas víctimas del propio pensamiento patriarcal. Por ello, la interpretación de la norma debe ir acompañada de una voluntad de medidas positivas que ayuden a contrarrestar y eliminar discriminaciones y violencias. La responsabilidad del mundo jurídico es clave, como también lo es la aplicación real de las políticas contra estas violencias o la erradicación de los discursos sesgados e irresponsables de algunos medios de comunicación.

Acciones como la huelga del 8-M evidencian la alerta ante la desigualdad y las violencias, con el empoderamiento de las mujeres, autoorganizadas desde el rechazo feminista a las agresiones, las discriminaciones y las políticas del miedo. Desde el AMJE también advierten: no se puede claudicar ante las amenazas de eliminación de aquello que las formaciones de ultraderecha han venido denominando hipócritamente "leyes liberticidas", pretendiendo un uso ilegítimo del Estado (el Tribunal Constitucional) para fines partidistas. Y desde la sociedad civil la denuncia viene precisamente de los sistemáticos incumplimientos en materia de prevención y la insuficiencia de recursos para un abordaje integral de las violencias. El persistente sesgo patriarcal que no ayuda a las víctimas. Y es que no faltan leyes o marcos reguladores -que bajo ningún concepto se pueden perder. Más bien faltan recursos, voluntades que permitan un trabajo sistémico, estructural y cotidiano que sea la base para decir de verdad: ni una menos.